La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta preocupación por las intimaciones cursadas por el ex Gobernador de la provincia de Salta y su ex Jefe de Gabinete de ministros al diario El Tribuno en esa provincia.

El hecho fue informado por el diario el Tribuno desde donde se expresó que, luego de haberse publicado las notas tituladas “ EnjasA: así se urdió el negociado que le costará a Santa 36 millones de dólares” del 12 de noviembre pasado y “ La justicia desestimó la denuncia de lavado de dinero en contra de Enjasa”, del 27 de noviembre, ambas referidas al laudo arbitral del Centro Internacional de diferencias relativas a Inversores ( CIADI) dictado recientemente, el ex gobernador provincial, Juan Manuel Urtubey,  y su ex Jefe de Gabinete, Carlos Parodi, habrían enviado recientemente cartas documentos intimando al medio de “ abstenerse de continuar  realizando publicaciones falsas, difamatorias e injuriantes” y habrían solicitado se eliminen las notas del portal web.

Desde El Tribuno informaron que no es la primera vez que suceden hechos de esta naturaleza por parte de funcionarios públicos y que habrían contestado las intimaciones recibidas.

Hechos como este afectan sin lugar a dudas la libertad de expresión del medio de comunicación y el derecho a la información por parte de la población, ambos amparados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que a ella se integran.

La situación resulta agravada por tratarse de ex funcionarios públicos respecto de un medio de comunicación.

Tal como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas oportunidades, el funcionamiento de la democracia exige el mayor nivel posible de discusión pública sobre el funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos de interés público.

Claro está que, en un sistema democrático y pluralista, las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso, no sólo por los órganos internos de control, sino también por la prensa y la opinión pública. La gestión pública y los asuntos de interés común deben ser objeto de control por la sociedad en su conjunto. El control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de participación ciudadana. De allí que el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiera la mayor circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público (Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008).

Es por ello que manifestamos preocupación por estos hechos que podrían afectar la libre información de ideas y opiniones y continuaremos bregando por la plena vigencia de la libertad de expresión de las personas y los medios de comunicación como fundamento de una sociedad democrática.