La Fundación LED desea alertar sobre un reciente cuestionamiento público sobre el funcionamiento de las redes sociales. A partir de la emisión del programa «Solo Periodismo» en la señal de noticias Crónica el 13 de mayo de 2020, se toma conocimiento de un presunto informe, que según el presentador habría sido «encargado especialmente», para relevar y efectuar un seguimiento de cuentas de la red social Twitter y la opinión política allí vertida, específicamente la crítica al gobierno nacional.

Este particular informe, ha motivado un pedido de informes al poder ejecutivo, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, por el Diputados Waldo Wolf, y otros. LED comparte la preocupación expresada en el proyecto legislativo, ya que el monitoreo de los contenidos de internet y la posterior exposición de la opinión crítica de ciudadanos en un programa de televisión, afecta a la libertad de expresión y de opinión, generando el condicionamiento de la opinión o el menosprecio por el diálogo e intercambio de opiniones a la que las redes sociales tienen como principal condición. Internet es un ámbito plural, abierto, de acceso universal, la opinión vertida en la web, al amparo de nuestro sistema legal, es análoga a la opinión hablada o escrita, por lo tanto no puede ser censurada ni estar sujeta a responsabilidad ulterior, como resultaría un «escrache» o exposición pública de sus autores. Al exhibir los resultados del informe, además, se habrían identificado como supuestos “trolls” a distintos ciudadanos que utilizan sus cuentas personales sin anonimato alguno para manifestar su opinión, incluidas las de legisladores nacionales.

LED viene alertando en las últimas semanas sobre una serie de hechos que, desde los distintos ámbitos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, se están manifestando como una preocupación excesiva del estado sobre el debate libre de ideas y la información vinculada a las cuentas y usuarios de la mencionada red social. En los últimos meses bajo la intención de controlar la difusión de noticias falsas (fake news) vinculadas a la pandemia o la de investigar la identidad de supuestos “trolls”, acusados de intentar instalar temas dentro de la agenda pública, asistimos a dos hechos preocupantes. La existencia de un ciberpatrullaje vinculado a la opinión en las redes sociales implementado desde el Ministerio de Seguridad y la intención, luego desmentida, de regular las «fake news» accionando sobre los portales digitales de noticias. En distintas jurisdicciones judiciales por su parte, fiscales de distintas provincias, iniciaron investigaciones sobre usuarios de Twitter y existen varios proyectos legislativos, presentados en legislaturas provinciales, para sancionar con multa o cárcel la información vertida en redes sociales.

Por lo señalado, LED desea transmitir la importancia de respetar el derecho de los ciudadanos a opinar libremente a través del medio que elijan, y a observar las reglas de juego que fijan las redes sociales, está claro que la participación en ella es voluntaria y que el debate político vertido desde las cuentas de usuarios no puede leerse como una enfermedad a remediar o reprimir sino que exige mayor información y pluralidad a fin de permitir a cada ciudadano la libertad de coincidir o no con los distintos pensamientos o ideologías allí expresados. Por otra parte, ya se expresó en otras oportunidades, que al fenómeno de la desinformación o «fake news» que preocupa en relación a la elección masiva por parte de la sociedad de los medios digitales y redes sociales para consumir información, es importante llegar a consensos que permitan capacitar para la correcta identificación de la información maliciosa de la información confiable, una buena estrategia, como las que ya se implementan en otros países del mundo es la incorporación de contenidos digitales y capacitación en la currícula escolar.

La vigilancia de las redes, la identificación de los usuarios y/o el «escrache» son mecanismos condicionantes de los principios de libertad de expresión y acceso a la información, pero además restringen la condición libre, abierta y plural que debe mantener internet.

En este sentido y como ya hemos manifestado en anteriores declaraciones es importante agregar que cualquier tipo de tutela y control por parte del estado de los contenidos que circulan por las diversas plataformas de internet, afecta garantías constitucionales.

Recordamos que la Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) establecieron los siguientes principios a fin de proteger la libertad de expresión: “… los Estados tienen la obligación positiva de fomentar un entorno propicio para la libertad de expresión, lo que incluye promover, proteger y apoyar la diversidad de los medios de comunicación […], Reconociendo el rol transformador de Internet y otras tecnologías digitales al facilitar que las personas puedan acceder a información e ideas y difundirlas, lo cual posibilita las respuestas a la desinformación y la propaganda aunque, a la vez, facilita su circulación; Repudiando las maniobras de algunos gobiernos para intentar suprimir el disenso y controlar las comunicaciones públicas a través de medidas como normas represivas relativas al establecimiento y funcionamiento de medios de comunicación y/o sitios web; injerencia en el funcionamiento de medios públicos y privados, […] leyes que estipulan restricciones indebidas acerca de qué contenidos no podrán ser difundidos; la imposición arbitraria de estados de emergencia; controles técnicos a las tecnologías digitales como bloqueos, filtros, congestionamiento y cierre de espacios digitales; y esfuerzos tendientes a «privatizar» las medidas de control, presionando a los intermediarios para que realicen acciones que restrinjan contenidos…”.

Insistimos en que durante la crisis sanitaria que se encuentra atravesando el mundo entero, debemos mantener y fomentar un ecosistema de información fuerte, manteniendo la vigencia plena de los principios de libertad de expresión y de prensa y de acceso a la información por parte de los ciudadanos, todos ellos como parte de un estado plenamente democrático.

La Fundación LED mantiene en conocimiento de organismos internacionales, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Relatoría Especial para la promoción y protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU,  la evolución de estas noticias y cualquier otro hecho que pudiera afectar el intercambio plural, voluntario y libre de las plataformas digitales.