La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su profunda preocupación por las amenazas sufridas por la periodista Luciana Natalia Piris, en la localidad de Castex, Provincia de La Pampa.

Según lo denunciado por la periodista afectada y reproducido por distintos medios periodísticos, desde el mes de octubre del año 2019, y luego de que hiciera públicos hechos de corrupción y negligencia que implicarían a funcionarios y policías provinciales, comenzó a recibir distinto tipo de amenazas con el objetivo de silenciarla.

Luciana Piris, quien es no vidente y dirige FM Impacto (99.9 Mhz)y el portal digital Impacto Castex, ha denunciado amenazas por parte de altos funcionarios policiales con el objetivo de acallarla, y la eliminación de la pauta publicitaria provincial como consecuencia de sus publicaciones.

La periodista ha publicado una serie de notas, basadas en denuncias de los vecinos, por reiterados robos en los cuales estarían involucrados policías provinciales, a quienes además se acusa de secuestro y extorsión. Al mismo tiempo en otras notas ha dado a conocer casos de negligencia, abandono y estafas a ciudadanos adultos mayores.

La persecución a la periodista estaría dirigida por un ex intente de Castex, actual diputado provincial y por funcionarios vinculados a la actual gestión del gobierno provincial.

La última amenaza, de carácter mafioso, consistió en dejar una balanza de precisión, habitualmente utilizadas para el fraccionamiento de drogas en el domicilio de Piris, quien relaciona directamente lo sucedido con la seguidilla de amedrentamientos recibidos.

Reiteramos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece con claridad que la “…intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

Hechos como los denunciados son por lo tanto una clara limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y de acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.