La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) reitera su preocupación por los sucesivos incidentes con distintas fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, a partir de acciones de ciberpatrullaje, en este caso afectando a un periodista de la provincia de Chaco.

Según la información periodística disponible, el día 23 de junio del corriente, funcionarios de la Gendarmería Nacional se hicieron presentes en el domicilio del periodista Gustavo Romero, en la localidad de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, y labraron un acta por la presunta violación del artículo 211 del Código Penal, que reprime realice actividades tendientes a infundir temor público o suscitar tumultos o desordenes.

La fuerza de seguridad federal actuó a partir de una publicación en sus redes sociales vinculada al número de afectados por la pandemia de COVID19. En la misma el periodista informaba sobre cifras obtenidas luego de consultar a distintas fuentes y que no coincidirían con las cifras publicadas por las autoridades provinciales.

Como en casos anteriores, LED reitera que este tipo de acciones son restrictivas del derecho a la libertad de expresión y de prensa y de acceso a la información por parte de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.

Este nuevo caso se suma a otras actuaciones de fuerzas de seguridad en las provincias de Misiones y Santiago del Estero, que han llegado a la detención de ciudadanos, en todos los casos a partir de acciones de ciberpatrullaje, y que se dan en el marco de un creciente clima de tensión por distintos intentos de controlar los contenidos en línea desde diferentes ámbitos estatales.

Es oportuno tener presente la última declaración conjunta  del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), emitida en el año 2019 en la cual manifiestan que “el ejercicio de la libertad de expresión requiere de una infraestructura digital que sea robusta, universal y cuya regulación garantice que permanezca siendo un espacio libre, accesible y abierto para todas las partes interesadas”  instando a los estados a “reconocer el derecho al acceso y el uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión” y a “proteger la libertad de expresión según el derecho internacional de los derechos humanos en la legislación que pueda tener impacto en el contenido en línea”.

LED ha puesto en conocimiento de estos casos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguirá con atención la evolución de los mismos, al tiempo que continuará con su labor de difusión y defensa de estos derechos fundamentales de nuestro sistema democrático.