La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su profunda preocupación por una iniciativa parlamentaria de la provincia de Tucumán, que busca imponer sanciones a quienes manifiesten su oposición a las medidas adoptadas por el gobierno en el marco de la pandemia de COVID 19.

Un grupo de legisladores provinciales de Tucumán ha presentado un proyecto de ley que busca sancionar penalmente, entre otros, a aquellos que “por cualquier motivo o medio manifestare, publicare o expusiera de manera verbal o escrita su oposición a las medidas de aislamiento social obligatorio” dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria vigente. 

Si bien, resulta clara la excepcionalidad del momento debido a la pandemia que se atraviesa, y en ese marco se han adoptado medidas extremas como la del aislamiento social obligatorio, bajo ninguna circunstancia se puede aceptar que esta situación implique la limitación de las garantías más elementales de los ciudadanos.

De prosperar este proyecto estaríamos ante una clara limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, al derecho de acceso a la información y al derecho a peticionar a las autoridades, consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran. 

Impedir que los ciudadanos manifiesten su discrepancia con las acciones de gobierno mediante la imposición de sanciones legales es una evidente contravención a lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” y que el ejercicio de este derecho “no puede estar sujeto a previa censura”.

Este proyecto se inscribe en una serie de propuestas legislativas en distintas provincias tendientes a sancionar a quienes difundan o expresen opiniones distintas a las de las autoridades, principalmente a través de redes sociales, y al accionar de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que han intimado y llegado a detener a ciudadanos a partir de sus publicaciones por estos medios.

Otras aristas cuestionables del proyecto como la imposición de cumplir las penas mediante una suerte de “probation” en los centros destinados al tratamiento del COVID 19, o la posibilidad de que los denunciados deban ceder sus lugares ante la eventual necesidad de una cama de terapia intensiva no hacen más que demostrar que el mismo se sustenta en conceptos retrógrados y de tinte autoritario. 

LED seguirá con atención el tratamiento legislativo de este proyecto y continuará trabajando para que se respeten estas garantías que son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad democrática.