La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta profunda preocupación ante la intimación enviada por el Inspector  General de Justicia, Ricardo Nissen al diputado Nacional Maximiliano Ferraro, en virtud de expresiones realizadas por este durante una sesión en la Cámara de Diputados.

El hecho fue dado a conocer por el Diputado Ferraro quien a través de la red social Twitter publicó la carta documento remitida por Ricardo Nissen, quien actualmente se desempeña como Inspector  General de Justicia. Mediante la misiva Nissen manifestaba haber sido agraviado por las manifestaciones del Diputado Nacional durante la sesión de la Comisión de legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que tuviera lugar el día 9 de junio de 2021 en la cual manifestara “El Dr. Nissen sabe mucho de cómo alterar balances y libros contables en formato papel, está clarísimo …” . En la intimación lo acusa del delito de calumnias hacia su persona y  lo íntima a retractarse bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales en su contra.

Este hecho merece el más amplio repudio  por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de un Diputado Nacional  en el marco de la inmunidad de opinión consagrada en el artículo 68 de la Constitución Nacional que dispone “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opciones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.

Tal como lo ha reconocido la doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Constitución protege de un modo absoluto las opiniones de diputados y senadores y consagra lo que el Máximo Tribunal ha denominado “ irresponsabilidad penal que no cabe atenuar mediante el reconocimiento de excepciones  no previstas en el mismo artículo” ( Cnf.” Martínez Casas” Fallos 248-462). Es decir, se trata de una garantía de carácter absoluto que se traduce en la inmunidad penal y se extiende  a la inmunidad civil de los legisladores.

Esta inmunidad de opinión protege sin lugar a dudas el de la función legislativa como base y fundamento del libre debate de ideas y opiniones en nuestro sistema democrático y Republicano.

Tal como lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones, existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado es por ello que se debe garantizar la libre expresión de todos los sectores sin temor a represalias de ninguna naturaleza. La relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democrática Interamericana, donde se señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción  al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos».

Es por ello que desde la Fundación LED manifestamos preocupación ante esta situación y bregamos por el respeto a la libertad de expresión y la vigencia de la Constitución Nacional  en todos los ámbitos de gobierno como garantía de la libertad de las personas.