La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su profunda preocupación y rechazo por la decisión judicial que ordena medidas probatorias que implicarían vulnerar el secreto de las fuentes de información.

Esta decisión judicial se toma en el marco de la llamada causa de los “Cuadernos” que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°8 en la cual se encuentran procesados la Vicepresidenta de la Nación y ex funcionarios de su gobierno, y donde se investiga la comisión del delito de “asociación ilícita”.

En el marco de dicha causa, el juez a cargo de la investigación, Dr. Marcelo Martínez de Giorgi solicitó a la Municipalidad de Vicente López información sobre la existencia de cámaras de seguridad e imágenes que hayan registrado la entrega de los presuntos “originales” de los cuadernos escritos por el ex chofer Oscar Centeno que se presumían destruidos pero que fueron entregados al periodista del diario La Nación, Diego Cabot, quien los aportó al expediente.

La decisión se tomó el 3 de noviembre pasado, a requerimiento del abogado del empresario Néstor Otero, quien además de solicitar las imágenes del lugar donde se entregaron al periodista los originales de los cuadernos, solicitó una prueba pericial “a fin de determinar la existencia de huellas dactilares de los presuntos responsables del ocultamiento de los cuadernos citados en el marco de una denuncia por supuesto encubrimiento contra quien tenía en su poder los presuntos originales” de esos “cuadernos” en octubre de 2019. El pedido de la prueba pericial fue rechazado por el juez, pero se diligenció oficio al municipio solicitando las grabaciones de las cámaras. Según fuentes periodísticas, el Municipio ya respondió que no cuenta con registros de las cámaras de seguridad que se solicitaron.

Desde la Fundación LED se advierte sobre el riesgo que este tipo de decisiones judiciales ejercen sobre el pleno ejercicio de la labor periodística al criminalizarla e intentar vulnerar el secreto de las fuentes de información garantizado por la Constitución Nacional

Reiteramos como siempre la importancia de respetar las decisiones judiciales, pero no podemos dejar de remarcar el tipo de medidas al que nos referimos afectan el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

La utilización de procesos judiciales como herramienta para controlar o acallar la labor periodística es claramente contraria a los principios legales de nuestro país y a los que sostiene el sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Cabe recordar que el resguardo y salvaguarda de las fuentes de información periodística quedó establecida en el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA cuando afirma que: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información como así también el producto de sus investigaciones a entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales. Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación. […] Los periodistas y las demás personas que obtienen información de fuentes confidenciales con miras a difundirla en pro del interés público tienen derecho a no revelar la identidad de sus fuentes. Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público”.

Desde la Fundación LED expresamos amoplio repudio y profundo rechazo por la medida judicial y ratificamos una vez más la importancia que tiene para el desarrollo de una sociedad democrática el ejercicio de la prensa sin limitaciones y el respeto a la labor periodística como pilar del derecho a la libertad de expresión en Argentina