La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa  preocupación respecto del derecho al acceso a la información pública en nuestro país.

Desde la Fundación LED hemos bregado y acompañado el proceso de sanción de la Ley 27.275 de acceso a la información pública, por considerarla fundamental para garantizar la libre circulación de información pública que requiere la libertad de expresión en nuestro sistema republicano.

Conforme lo establece la citada norma, el acceso a la información pública es amplio y resulta obligación de los funcionarios brindar la información requerida por los administrados sólo pudiendo responderse con una negativa cuando la información objeto de la solicitud no existiere, y por lo tanto no estando obligado legalmente a producirla, o si existiere, se encontrara incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de dicha norma. La negativa sólo podrá otorgarse por acto fundado.

Frente a la cuestión descripta el uso indebido de una herramienta pública jurídica por parte de cualquier funcionario, su utilización mediando conflicto de intereses o su uso para fines contrarios al orden público se encuentra expresamente vedado y genera responsabilidad en aquel funcionario que incurre en estas acciones.

Sumado a ello, el respeto y pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública adquiere suma relevancia en el actual contexto sanitario, donde entendemos se deben reforzar los mecanismo previstos por la norma para facilitar el más amplio acceso a la ciudadanía y a quienes ejercer el periodismo en nuestro país.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) emitieron un Comunicado de Prensa del 18 de abril de 2020, donde se recomendó a los Estados garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, y hacen un energético llamado a garantizar el rol trascendental que cumple la prensa en contextos de pandemia, y recordaron que «El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Al respecto, la Resolución de la CIDH sobre Pandemia y Derechos Humanos resaltó la importancia del acceso a la información en el contexto actual por causa del Covid-19 y el rol crucial que cumplen los periodistas en el marco de la emergencia de salud pública, al informar sobre puntos críticos y monitorear las acciones del gobierno«.

En este contexto, miramos con especial preocupación algunas normas dictadas por la Jefatura de Gabinete de la Nación, como la Decisión Administrativa N° 323/2021 que delega la decisión de denegatoria de acceso a la información pública en funcionarios de inferior jerarquía, agotando una instancia administrativa de suma importancia para la ciudadanía.

Esta norma se dicta estando aún pendiente de designación al responsable de la Agencia de Acceso a la información pública luego de haber recibido fuertes cuestionamientos el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, el abogado Gustavo Fuertes, por parte de legisladores de la oposición como Karina Banfi y Manuel Garrido entre otros,  y de más de veinte asociaciones de la sociedad civil especializadas en la temática,  entre las cuales se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Poder Ciudadano, Fundación Directorio Legislativo, la Asociación por los derechos Civiles (ADC), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación Vía Libre, y Democracia en Red

Asimismo, se ha cuestionado que la audiencia pública prevista por la norma para evaluar dicha designación, y llevada a cabo el pasado 23 de marzo,  no se ha realizado de acuerdo a lo previsto por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información pública que establece la selección pública, abierta y transparente que garantice la idoneidad del candidato, ya que no fue transmitida en forma directa y abierta a la ciudadanía.

Desde la Fundación LED consideramos de vital importancia que en este contexto de emergencia sanitaria dictada en el marco de la pandemia mundial COVID-19 y en cumplimiento del aislamiento social obligatorio, el Estado debe reforzar todos los mecanismo vinculados a la transparencia, la digitalización y agilización de los procesos y el acceso a la información pública de manera completa y rápida, garantizando la seguridad jurídica y el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas.