La reforma del Ministerio Público Fiscal afecta de forma directa la Libertad de Expresión y puede someter la labor periodística a la voluntad del gobierno, debilitando la democracia. 
El Ministerio Público Fiscal es un órgano extra poder, independiente y autónomo que goza de autarquía financiera por mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional. 
Por ello cada uno de los Fiscales y el Procurador General de la Nación como jefe del organismo gozan de esa independencia y autonomía por el cargo que ocupan, dentro del sistema republicano de gobierno y la división de poderes. 
La Constitución establece que el Ministerio Público Fiscal no representa a un gobierno sino que debe defender los interese de toda la sociedad. En muchos casos los Fiscales deberán investigar, justamente, a los integrantes de un gobierno, en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Por eso para ser designados o destituidos se requiere una mayoría especial de 2/3 de los legisladores que les permita la estabilidad necesaria de saber que podrán trabajar tranquilos sin depender de un gobierno que los saque del juego.
El proyecto de reforma modifica lo que dice la Constitución y establece que el Procurador y los Fiscales dependerán para acceder, mantenerse y permanecer en sus cargos de la voluntad del gobierno que los nombra y puede removerlos por simple mayoría de votos. Es decir que el proyecto busca que sea más fácil designar y remover a los Fiscales y al Procurador. 
De esta forma es muy claro que el proyecto es regresivo, pues quienes deben investigar pierden independencia y autonomía, pasando a estar al servicio del gobierno que los nombró y que los puede remover, y no al servicio de la población en su conjunto. 
La consecuencia de todo esto es que si a un gobierno le molesta lo que publica un periodista o un medio, podrá utilizar el poder que tiene de manejar a su antojo a los Fiscales y al Procurador para amedrentar al periodista o iniciar cualquier investigación penal en su contra, dañando el derecho constitucional a la libertad de expresión y debilitando la calidad democrática del país. 
Desde Fundación LED nos vemos obligados a señalar esta grave situación y a solicitar a los Diputados Nacionales que rechacen el proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Senadores.