La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su posición respecto al tratamiento de noticias falsas o campañas de desinformación (fake news) en el marco de la pandemia de COVID19 y a la necesidad de mantener la transparencia y el acceso a la información en momentos de crisis.

A partir de información periodística, ha tomado estado público un allanamiento acontecido durante este fin de semana en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. Ante una denuncia sobre una presunta violación al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno Nacional, se llevó a cabo un operativo judicial por la supuesta difusión de información falsa y/o maliciosa desde el domicilio allanado.

Más allá de la denuncia de incumplimiento del confinamiento dispuesto por el estado nacional, que involucró a un Secretario de Estado, funcionario del Ejecutivo Nacional, y a su pareja, la característica más preocupante, que se destaca en los antecedentes del procedimiento ocurrido en la Ciudad de Oberá, es la existencia de supuestos “patrullajes virtuales” dispuestos por las autoridades provinciales como mecanismo habitual para la determinación de la procedencia de información falsa, o “fake news”.

En primer lugar es necesario reiterar, que como ha mencionado LED en distintas declaraciones e informes, que las fake news, o noticias maliciosas, son un fenómeno nocivo y altamente perjudicial para el desarrollo de la vida democrática, y para el acceso a la información por parte de los ciudadanos. El debate sobre su tratamiento se da en la comunidad internacional y varias naciones ya han decido regular el alcance de la actuación de los estados en caso de campañas de desinformación, riesgo de la seguridad, o lesividad sobre la integridad de las personas o fomento del discurso de odio. Alemania, el Parlamento Europeo, Malasia, Reino Unido y Francia son algunos de los países que debatieron y/o sancionaron proyectos para fijar reglas claras sobre el combate de las fake news.

El fenómeno fake news, y sobre todo, la tensión que se genera entre el combate de la información maliciosa y la libertad de expresión requiere un equilibrio muy delicado, debe ser abordado con seriedad y en base a los más altos estándares en materia de derechos humanos. Asimismo debemos recordar que ninguna acción que se lleve adelante para impedir o perseguir estas noticias maliciosas o acciones de desinformación, puede ser restrictiva de los derechos y garantías constitucionales, ni de la libertad de expresión o el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, ya, que como tales, son piedras angulares de nuestros sistemas democráticos.

Por lo tanto, el hecho puntual que motiva la presente declaración merece ser analizado desde, al menos, dos consideraciones. En primer lugar la mecánica por la cual se determina que una noticia difundida es una fake news, y en segundo lugar, cuál es la forma en la cual el estado debe intervenir ante estas situaciones.

Según la información disponible las fuerzas de seguridad provinciales habrían actuado luego de que, mediante tareas de “patrullaje virtual”, determinaran que desde el domicilio allanado se difundía una convocatoria a un “cacerolazo” y otras noticias vinculadas a la pandemia de COVID19.

Si este efectivamente fuera el caso, resulta evidente que la convocatoria a una manifestación pública no puede bajo ningún parámetro ser considerada como una fake news, y que cualquier intento por restringirla o censurarla puede constituir una limitación al ejercicio de la libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales que a ella se integran.

Por otra parte la existencia de mecánicas de “patrullaje virtual” son claramente contrarias a los principios del estado de derecho y nos remiten a prácticas de regímenes autoritarios. En particular como ya hemos mencionado en anteriores declaraciones de la Fundación LED, recordamos la utilización de este tipo de prácticas en Venezuela como herramienta para censurar medios y perseguir opinión disidente al régimen. En su momento advertimos sobre la regulación conocida como “ley mordaza” que permitió extender a internet las limitaciones que ya existían para los medios de comunicación audiovisual y gráficos y luego sobre ley para la Convivencia pacífica cuyo objetivo manifiesto fue erradicar el odio impuesto por sectores de la población, previendo penas de hasta 25 años de prisión, y que intentó aplicarse a través de los “colectivos” de ciudadanos vigilantes de la opinión vertida en las redes sociales1.

Por lo tanto, y a partir de la noticia del allanamiento en la Ciudad de Oberá, se puede advertir que la metodología del patrullaje virtual en la provincia de Misiones ha sido utilizada en varios casos más, según información periodística, en la ciudad de Posadas con la detención de un joven de 24 años, y en la Ciudad de Bernardo de Irigoyen con otro hombre detenido por la circulación de un audio falso.

LED ha sostenido en sus declaraciones e informes y reitera que debe preservarse el carácter libre y abierto de internet, que todas aquellas medidas que restrinjan la libre circulación de información e ideas por esta plataforma son una limitación a la libertad de expresión y el acceso a la información. Cualquier práctica para combatir discurso de odio, incitación a la violencia, desinformación en situaciones de emergencias o catástrofes, y cualquier otro signo de información maliciosa debe ser tratado bajo procedimiento judicial, respetando las garantías procesales, a fin de que, en la persecución de un supuesto delito, el derecho superior, que representa el derecho a la opinión como así también el derecho de toda la población a recibir información plural y diversa, no se vea vulnerado en ningún momento.

Consideramos que es necesario un gran debate multidisciplinario sobre el tratamiento de la desinformación y viralización de noticias falsas, de igual manera que reafirmamos la importancia del derecho de acceso a la información y la obligación que tienen los estados, ya sea a nivel nacional, como provincial de brindar información oportuna, fluida y de modo transparente sobre la evolución de la Pandemia, las medidas tomadas y toda otra información de interés público.

La Pandemia de COVID19 como un escenario de crisis generalizado y que enfrentan casi todas las naciones del mundo, nos pone en una situación inédita. Si bien no es la primera ni la última pandemia que enfrenta la humanidad con sus fatales consecuencias, se presenta como la primera en la historia, donde la información y la divulgación en tiempo real de las noticias, a través de internet, permiten compartir las medidas de prevención y combate de la enfermedad, cooperar en los desarrollos de tratamientos, avances científicos y hallazgos de eventuales vacunas. Todas las naciones del mundo extreman sus esfuerzos para minimizar el impacto sanitario de la crisis y a la vez encontrar soluciones médicas. Pero también en este contexto es verificable otro fenómeno, la enorme circulación de información mal intencionada, o simplemente errónea o falsa. Por lo tanto, es un desafío que cada estado, haciendo extensivo el debate a todos los sectores sociales, académicos, y periodísticos aborde la mejor estrategia para el combate de las fake news. En el mismo sentido LED propone encuadrar las iniciativas respetando siempre, las garantías que deben preservar los procesos judiciales, generando mecanismos claros para evitar arbitrariedad alguna de las autoridades administrativas provinciales y/o nacionales en la determinación de la veracidad o falsedad de la información.

Por otra parte, LED insiste en la importancia de contar con información pública de manera transparente, fluida y de fácil acceso. Los gobiernos y sus autoridades sanitarias podrán con su aporte de información real, precisa y verificada llevar tranquilidad a la población y a la vez facilitar la labor periodística, como la mejor vía de garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos. Recibir información pública sin cortapisas o interpretaciones gubernamentales,  se constituye en estos momentos en la mejor estrategia para neutralizar la divulgación de supuestas acciones de desinformación.

 1 fundacionled.org/informes-y-publicaciones/declaraciones/censura-en-redes-sociales-en-venezuela