La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) desea manifestar su profunda preocupación por el proyecto de ley presentado en el Honorable Senado de la Nación sobre Control de Convencionalidad para Prisiones Preventivas que plantea graves limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en nuestro país.

El proyecto presentado por las Senadoras María Eugenia Catafalmo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia almirón y María Pilatti Vergara del bloque del Frente de Todos impide a medios de comunicación publicar declaraciones que expresen su percepción sobre la inocencia o culpabilidad de acusados en causas de corrupción.

Al mismo tiempo la norma prevé la limitación de las expresiones públicas relacionas a las mencionadas causas por parte de representantes de “corporaciones profesionales” (sic), en referencia a organizaciones de la sociedad civil como colegios profesionales u organizaciones de magistrados.

En cualquiera de los casos anteriores, las acciones de los medios de comunicación o de las corporaciones profesionales pueden afectar el desarrollo de las causas de corrupción ocasionando la modificación de la situación procesal de los acusados, llegando a determinar la eliminación de las prisiones preventivas determinadas por la justicia.

A estas se suman otras causales cuya comprobación resultaría compleja y cargada de subjetividades como la “inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”.

Este tipo de norma conlleva un gravísimo riesgo de auto censura para periodistas, medios de comunicación o a cualquier ciudadano que deseen expresarse sobre un tema tan sensible y de tanto interés público como son las causas por corrupción.

Al mismo tiempo al restringir el ejercicio del periodismo independiente se afecta el derecho de los ciudadanos a acceder a todo tipo de información, relacionadas con la vida pública y sus protagonistas, el cual está protegido por nuestra Carta Magna.

Resulta particularmente llamativo que la norma limite los controles mencionados a las causas de corrupción y no incluya ningún otro tipo penal, generando un ámbito propicio para la impunidad de los acusados.

Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión ha establecido que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”

Entendemos que el avance de este tipo de normas implica no solo una severa limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, sino que al mismo tiempo restringe el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, todos ellos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.

LED seguirá con atención el proceso legislativo del proyecto en cuestión, reiterando y afirmando el compromiso por la difusión y la defensa de los principios fundamentales de una democracia republicana moderna.