La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su profunda preocupación por el allanamiento sufrido el día lunes 9 de diciembre por el medio santiagueño Ultima Hora y la detención del responsable editorial del mismo.
En un operativo policial desproporcionado se incautó material de trabajo de los periodistas al tiempo que se detenía a Juan Pablo Suárez, responsable del medio, acusado del delito de instigación al cometer delito de sedición.
Resulta inverosímil la invocación de esta figura penal ya que resulta claro que la misma no ha sido concebida para limitar el accionar de periodistas en ejercicio de su labor.
Según denuncian los trabajadores de prensa, el allanamiento tuvo como objetivo apoderarse de una video grabación en la cual estaría registrada la agresión sufrida por un policía de esa provincia y su familia que se manifestaban públicamente en reclamo por mejoras salariales.
De corroborarse estos hechos estaríamos ante una clara violación a los derechos de libertad de prensa y expresión que contemplan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran.
La posibilidad de que se haya sustraído material periodístico a fin de evitar su difusión es un evidente caso de censura previa. El artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica en su inciso segundo estable que el derecho a libre expresión “ no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley”, en el mismo sentido el principio quinto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA preceptúa que “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley…”
Adicionalmente la Declaración de la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión (Chapultepec, México, marzo de 1994) es taxativa al establecer que “la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación y la violencia de cualquier tipo” son graves restricciones a la libertad de expresión y prensa, al tiempo que destaca que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
La utilización de denuncias judiciales y de la fuerza del estado para condicionar la difusión de información son graves lesiones a los derechos básicos de nuestra sociedad y es necesario erradicar estas prácticas de manera definitiva.
Es fundamental esclarecer lo sucedido y las motivaciones del hecho, y en caso de confirmarse que se ha incurrido en la violación de las libertades garantizadas en nuestra constitución actuar en consecuencia con celeridad y de manera contundente.
La Fundación LED, ratificando su respeto a las normas del estado de derecho, solicita, independientemente de la normal prosecución de la causa, la inmediata liberación del periodista detenido y reitera su vocación de trabajar en forma permanente a fin de evitar que sucesos como este se repitan a la vez que invitan a toda la sociedad a redoblar los esfuerzos para garantizar la plena vigencia de sistema democrático en nuestro país.