El día 26 de marzo de 2014 se llevó a cabo la Conferencia «El estado de la libertad de expresión en América Latina» organizada por la Fundación LED con la participación de FUNDAMEDIOS de Ecuador representada por su presidente, César Ricaurte y los periodistas Fernando Ruiz del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Luis Rosales representando a la FUNDACION NAUMAN.
El evento tuvo lugar en el Hotel Argenta Tower de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo generar una charla debate en torno a la situación actual de la Libertad de expresión en América Latina.
La Fundación LED desde sus orígenes se ha abocado al estudio e investigación de las diferentes normas que regulan los medios de comunicación y los contenidos en la región y cómo se han implementado, dando visibilidad a las limitaciones a la libertad de expresión que las mismas ocasionan.
En esta oportunidad, la presidenta de la Fundación LED, Silvana Giudici, resaltó las restricciones impuestas por la Ley de Servicios de Comunicación argentina, N° 26.522, que, si bien no regula el ejercicio de la profesión periodística, ni fija pautas sobre los contenidos a emitirse en cuanto a la forma de presentarlos o de comunicarlos, impone fuertes restricciones a los prestadores de medios de comunicación. En ese sentido, es considerada la ley más restrictiva de la región, basta citar que el artículo 161 de la norma impone para desvincularse de las frecuencias un escueto plazo de un año. Esto posiciona a la ley argentina como la más restrictiva en este aspecto. Nótese que la ley Ecuatoriana reconoce expresamente la validez y vigencia de los contratos celebrados acorde leyes anteriores hasta el vencimiento del plazo de concesión y fija una prórroga especial para aquellos medios cuyas concesiones para el uso de licencias finalicen dentro del año de la publicación de la ley.
El presidente de FUNDAMEDIOS, César Ricaurte, se refirió a las limitaciones a la libertad de expresión que ocurren como consecuencia de la aplicación de la Ley de medios en Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, que fija claros lineamientos respecto del ejercicio del periodismo, los comunicadores y el rol de los medios de comunicación audiovisual y gráficos. La norma establece un código deontológico para el “correcto” desempeño de funciones por parte de los medios de comunicación o de los periodistas hace que, de forma similar, se afecte la libertad de expresión ya que pesa sobre ellos la posibilidad de ser sancionados por los contenidos que emitan.
Asimismo, la norma los hace responsables de la información y opiniones que se difundan y los obliga a abstenerse de realizar prácticas de “linchamiento mediático” (entendiendo por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública).
César Ricaurte refirió que, en Ecuador, tras 14 meses de aplicación de la nueva ley, ya hubo 270 procesos y 85 sanciones contra medios de comunicación y periodistas, algunos de los cuales cerraron sus puertas, como fue el caso del diario Hoy, de Quito y que actualmente la mayor concentración de medios está en manos del estado con muy pocos medio privados.
Fernando Ruiz, de FOPEA y el periodista Luis Rosales, se expresaron en torno a las limitaciones a la libertad de expresión y su relación con las leyes regulatorias. En este sentido se concluyó que una norma es realmente democratizadora cuando efectivamente da lugar a la pluralidad de voces, esa es la medida para comprender la eficiencia de la ley el nivel de respeto a las libertades individuales.
Luego de un interesante intercambio entre panelistas y asistentes, Silvana Giudici, destacó que en la actualidad, el narcotráfico es un importante factor de riesgos para el ejercicio del periodismo y que resulta alarmante el incremento de episodios en los cuales los trabajadores de prensa son agredidos, secuestrados o asesinados por informar sobre el accionar de los cárteles de narcotráfico que operan en toda América. Esta situación fue alertada por la Fundación LED en diferentes ocasiones y en función de los casos relevados en los informes anuales sobre Limitaciones a la Libertad de Expresión en Argentina.
En esta oportunidad también participaron, entre otros, el Subsecretario de Políticas Educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, el Presidente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Hugo Quintana, y el legislador porteño, Francisco Quintana.
Desde la Fundación LED continuaremos haciendo visible todas aquellas situaciones en que se limita la libertad de expresión entendiendo que el libre ejercicio de este derecho solo se garantiza desde el trabajo constante y conjunto de los países latinoamericanos.
26/03/2015