La responsabilidad institucional, fue enunciada en reiteradas oportunidades por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, ha expresado su preocupación sobre las opiniones que podrían considerarse amedrentadoras a los medios de comunicación y periodistas, refiriéndose a que esas declaraciones podían «contribuir a crear un ambiente de intimidación hacia la prensa que no facilita el debate público e intercambio de opiniones e ideas, necesarios para la convivencia en democracia» (CIDH. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en Informe Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000. OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 rev.16 abril 2001).
En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber, que las autoridades estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público. Al hacerlo deben constatar en forma razonable, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y con una diligencia mayor a la debida por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden llegar a tener en determinados sectores de la población, así como para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituirse en formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. (Caso Perozo y Otros vs. Venezuela, Corte Interamericana de Derechos Humanos -2009).
Las palabras pronunciadas por la Presidente de la Nación en el Acto de lanzamiento del denominado «plan nacional Igualdad cultural», referenciadas en artículos aparecidos en los diarios «La Nación» y «Clarín» expresaron la posibilidad de que los periodistas autores de las notas tuvieran «un cierto tufillo antisemita», comparándolos con la «Legión Cívica», además de «macarthos», «Mengele», y con expresiones dichas por el dictador Videla.
La Fundación LED, manifiesta que la descalificación y estigmatización del periodismo independiente, expresan una intolerancia hacia el disenso y las diferencias de opinión e ideas que son consustanciales al pluralismo que debe regir en una sociedad democrática.
Los actos institucionales del Estado deben contribuir a disminuir las situaciones de hostilidad, intolerancia, o animadversión por parte de sectores de la población hacia las personas vinculadas con los medios de comunicación. La investidura de las autoridades institucionales significa la obligación de respetar las opiniones discordantes, y el deber de su parte de prevenir hechos de confrontación. Todo ello cooperará a la paz social evitando que individuos y grupos de particulares interpreten un mensaje tal que deriven en actos de violencia contra periodistas estigmatizados, así como en obstaculizaciones a su labor periodística.
19/03/2012
