La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa su preocupación ante la presentación judicial efectuada por parte del empresario Lázaro Báez, con motivo de la investigación llevada a cabo por el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, en la se difundieran el domingo último los convenios firmados entre varias empresas del mencionado empresario y la familia Kirchner asegurando la ocupación de un tercio de las habitaciones del Hotel Alto Calafate independientemente de su efectiva utilización. Al día siguiente se publicó la información de que se habían pagado más de 2 millones de pesos por el alquiler de habitaciones en Las Dunas, otro hotel de la familia Kirchner. El día de ayer ese periódico informó que Báez alquiló los tres hoteles del matrimonio presidencial por 14,5 millones de pesos.
Por ese motivo fue presentada por parte el Sr. Lázaro Baéz una medida cautelar para que la justicia impida que el diario La Nación continúe publicando la serie de investigaciones llevadas a cabo sobre el tema, que vincula a la familia de la Presidente de la Nación con los fondos y giros de dinero allí expuesto.
Argumentado en la presentación que “se hace referencia a registros contables a los que sólo puede haberse tenido acceso en el contexto de una verificación impositiva o que obran en poder del organismo recaudador en función de los deberes de información que pesan sobre los contribuyentes. La información divulgada no es, ciertamente, de aquella que deba ser publicada, informada o certificada de algún modo ante los registros que controlan el normal funcionamiento de las sociedades comerciales” y advierte que “podríamos estar en presencia de la comisión del delito previsto en el art. 157 del Código Penal, en función del art. 101 de la Ley 11.683, y/o del delito previsto en el art. 14 de la Ley 25.246”.
Como denunciamos en otras oportunidades, tanto por acciones del Estado Nacional a través de diversos organismos, o por la acción de personas físicas particulares; todo mecanismo tendiente a acallar las voces de periodistas independientes, la investigación, publicación e información sobre las cuestiones que atañen la acción pública de funcionarios, en todos los niveles y rangos de la administración nacional, constituye una amenaza al libre ejercicio de la libertad de prensa.
La presentación del Sr. Lázaro Báez pretende censurar la liberta de de prensa y el trabajo de los periodistas de investigación a través de acciones judiciales que se oponen al más mínimo y elemental sentido de la realidad y del cumplimento de los derechos reconocidos por la leyes en nuestro país.
Estas acciones revisten enorme gravedad ya lo que se está intentando ocultar es información que debería ser de carácter público por encontrarse involucrados funcionarios y empresarios que tienen vínculos contractuales con el Estado. En reiteradas ocasiones la Fundación LED ha insistido sobre la necesidad de contar con un ley de acceso a la información pública y casos como el presente demuestran lo fundamental de que se sancione una norma al respecto.
La justicia debe garantizar el pleno ejercicio constitucional del derecho de libertad de prensa reconocido en nuestra Carta Magna y ratificado por innumerables fallos jurisprudenciales en todas sus instancias.
Estas acciones pretenden crear un clima de intimidación y castigo a quienes vierten opiniones disidentes, contrarias o críticas hacia la actual gestión nacional, su política nacional o la administración de recursos públicos, lo que tiende a fomentar la autocensura, el temor y con ello a lesionar gravemente la libertad de expresión.
La persecución por medio de acciones judicial, como en otros casos donde se ha utilizado al organismo de recaudación fiscal, o vertiendo amenazas y presiones, pueden constituir graves limitaciones a la libertad de expresión cuando son utilizadas como un conjunto de medidas destinadas a generar escenarios intimidatorios hacia los periodistas que expresen opiniones o realizan investigaciones que ponen al descubierto las acciones del poder y afectan a los empresarios vinculados al mismo, tal como sucede en este caso.
En particular y en lo que respecta a la afectación de los derechos de libertad de expresión, advertimos la desprotección y el peligro que se deriva de la acción denunciada.
El artículo 13 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, reconoce que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Desde la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) continuaremos en la tarea de denunciar, dar visibilidad y advertir sobre hechos de estas características que afectan el respeto al derecho de libertad de expresión, de investigación periodística y el ejercicio de la prensa libre en nuestro país.