Audiencia Pública por Restricciones a Publicitar en los Medios de Comunicación
Convocada por Diputados Nacionales pertenecientes a distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria en Argentina y la Fundación LED – Libertad de Expresión + Democracia -, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación la “Audiencia Pública por las Restricciones a Publicitar en los Medios de Comunicación”.
De la Audiencia participaron directivos de los medios de comunicación independientes, representantes de organizaciones de medios de comunicación y de la cámara de anunciantes, como así también de asociaciones de consumidores, mientras que, aun habiendo sido especialmente convocadas, fue notoria la ausencia de representantes de las empresas de cadenas de supermercado y de electrodomésticos, a quienes se les ha impuesto una restricción que les prohíbe publicitar sus productos en los principales diarios de distribución nacional.
Iniciada la Audiencia, fue el Presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra, quién explicitó los motivos de la convocatoria para debatir sobre el públicamente conocido como “cepo publicitario”, destacando que “existe el compromiso de todas las fuerzas políticas de oposición para intentar revertir la situación prohibitiva y facilitar las acciones en pos de la defensa de las libertades”.
El primer orador de las organizaciones fue el abogado Carlos Laplacete, quién en representación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sostuvo que: “la prohibición de publicitar en los medios no solo representa un grave perjuicio económico para los mismos, sino que se constituye abiertamente en un ataque a la libertad de expresión en Argentina”.
Por su parte el representante de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA), Pablo Casey, coincidió en que “se encuentra en riesgo la libertad de expresión y que esta medida ha obligado a los medios a abrir un proceso de retiros voluntarios por la grave situación financiera que ocasiona la decisión gubernamental”.
En tanto Héctor D’Amico, representante del Diario La Nación afirmó que “esta disposición del Gobierno Nacional de impedir a las empresas privadas publicitar sus productos, sólo puede ser explicada por imposición del miedo, miedo a lo desconocido, a los que les puede pasar, incluso para los medios, miedo al peligro que ocasionaría mantener una línea editorial independiente”.
A su turno el representante del Diario Clarín Martín Etchevers sostuvo que “ésta es, una nueva herramienta que se incorpora a las numerosas herramientas de censura indirecta que viene utilizando el Gobierno Nacional contra los medios de comunicación que mantienen una línea editorial independiente. Este cepo, es la contracara del cepo de la publicidad oficial que es usada de manera discriminatoria. En 2012 hay grupos de medios vinculados al gobierno cuya pauta oficial creció hasta el 600%, donde el promedio de crecimiento en el mismo año para otros tantos fue de entre el 70% y 80%. El mismo Gobierno sostuvo en varias oportunidades, para justificar aquella discriminación, que los medios vivíamos de la publicidad privada, pues bien, es acá donde se verifica el verdadero objetivo de esta última decisión”.
El representante de la Cámara Argentina de Anunciantes Phillip Pérez afirmó que “se ha visto a partir de esta decisión gubernamental una reducción en los avisos a periódicos a la vez de un aumento en los anuncios en Internet y en vía pública”, mencionando que “no hemos tenido quejas de nuestros clientes que manifestaran preocupación por la decisión”, pero al momento de concluir aseveró que “ la publicidad en papel es un recurso económico indispensable para sostener la libertad de expresión, y así lo entiende nuestra organización”.
A su tiempo la Presidenta de la Fundación LED Silvana Giudici explicó que: “Nuestra Fundación realiza periódicamente el monitoreo de la calidad de la libertad de expresión en Argentina”, y destacó respecto al cepo publicitario que “junto a otras organizaciones con prestigio y reconocimiento internacional como Freedom House, el 12 de marzo pasado, hicimos público mediante un comunicado conjunto el alerta por estas prohibiciones que vulneran de manera frontal el derecho de libertad de expresión en nuestro país. De igual forma, el 12 de abril, la Red Latinoamericana en Defensa de la Libertad de Expresión que integramos junto a otras organizaciones como Fundamedios de Ecuador y la Asamblea Nacional de Periodistas de Bolivia, también dio a conocer una declaración en la expresa preocupación y el estado de alerta ante estas graves amenazas a las libertades”.
Giudici continuó “de nuestros estudios y monitoreos sobre la utilización de los recursos públicos utilizados en publicidad oficial, hemos registrado y hecho público en nuestro Informe anual 2012 que su distribución es decididamente arbitraria y beneficia abiertamente a los medios aliados al Gobierno Nacional, basta con mencionar algunos ejemplos como el Grupo Szpolsky que tuvo un incremento del 847% en sus ingresos por publicidad oficial en sólo un año, el Grupo Uno con un incremento del 114%, o el Diario Norte del Chaco con un 354%. Una impresionante cantidad de recursos públicos que se suman a los destinados al Programa Fútbol para Todos, a la empresa AR-SAT para el montaje y funcionamiento de la plataforma de Televisión Digital Argentina, al Sistema de Medios Públicos, o al INCAA, entre otros, y que sólo en 2012 significaron un total de recursos invertidos por el Estado del orden de los 7.700 millones de pesos”.
Giudici prosiguió detallando la situación “tanto la Presidenta como sus ministros como el entonces Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, sostuvieron que la publicidad oficial representa entre el 5 y el 10% de la torta publicitaria para los medios, pues bien, estas afirmaciones nos demuestran que el cepo publicitario es una medida que tiene por objeto también la manipulación y utilización de los recursos privados de publicidad de manera discrecional”.
“Si se compara marzo del 2012 con el mismo mes de 2013, se verifica que en el caso del Diario La Nación, fueron 80 las páginas de publicidad que ahora se prohíben en 2012 contra ninguna en 2013, mientras que en el caso del Diario Clarín la ecuación fue de 233 a 1 en igual período. Carrefour e Easy entre otros, dejaron de anunciar incluso en los suplementos especiales”, afirmó Giudici que aseveró para finalizar “Vamos a seguir trabajando porque estamos convencidos que estas decisiones constituyen censura directa sobre los medios y por lo tanto peligra la libertad de expresión”.
Por la organización Unión de Consumidores de Argentina, su Presidente Fernando Blanco Muiño sostuvo que “el cepo publicitario integra un plan, no es una decisión aislada, enmarcado en él también se encuentra la decisión de dar de baja a la organización Consumidores Libres que preside Héctor Polino en 2012”, y haciendo un homenaje a los 30 años de democracia afirmó “no me imagino al Dr. Alfonsín levantando el teléfono para vedar a algún medio de comunicación, esta decisión es anticonstitucional porque además vulnera el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional”.
Julio Sobrino de la Asociación de Consumidores Unidos Argentinos afirmó que “es imprescindible que se anuncien los productos en los diarios, esto permite terminar con la gran diferencia existente entre los precios oficiales y los que realmente existen en los supermercados. Incluso se impide la posibilidad de comparar precios de productos de distintos supermercados, generando un gran perjuicio al consumidor”.
La palabra de los legisladores tuvo su primera exposición en los dichos del Diputado Federico Pinedo (PRO) que relató que “se hicieron dos denuncias penales contra Moreno, una porque se perjudica financieramente a los medios y la segunda porque se limita la libertad de expresión con esta prohibición. Las denuncias han sido radicadas en el Juzgado Federal número 7, donde en el día de la fecha se han hecho ampliaciones”.
“El cepo publicitario se suma a las resoluciones de la AFIP que establecieron una moratoria impositiva para todos los sectores menos para los medios de comunicación, con un claro objetivo, condicionar su línea editorial”, aseveró Pinedo.
Por su lado el representante de la Unión Cívica Radical, Diputado Ricardo Alfonsín propuso que “hay que crear una Comisión Especial para que comparezcan los empresarios y se haga público quién fue el responsable de la decisión gubernamental, porque es imposible que se hayan puesto solos de acuerdo para no publicitar”. “En el fondo lo que se pretende es ahogar financieramente a los medios como lo hacen con los gobiernos provinciales, sobre todo a los que no tienen líneas editoriales que los beneficien”. Y finalizó Alfonsín proponiendo que “hay que hablar con nuestros pares parlamentarios y persuadirlos del error, y a la vez que promover que el tema se conozca en otros países, vamos a trabajar unidos para impedir que se pierda la democracia”.
El Diputado Gerardo Millman (GEN) afirmó “usan la premisa de los ´70 -el silencio es salud-, utilizan todos los mecanismos y artilugios para restringir el disenso”. Y concluyó con una propuesta “si Moreno no viene a dar explicaciones al Parlamento Nacional, entonces constituyámonos en su despacho, vayamos en su búsqueda”.
La Diputada por el PRO Gabriela Michetti expresó “hay que trabajar para sensibilizar a la gente, porque los ciudadanos van a tener menos medios, menos voces. Hay que constituirse en un sistema opositor donde todos decimos lo mismo”. Y solicitó a las organizaciones de medios, especialmente a ADEPA la posibilidad de que hagan conocer “una proyección de las consecuencias que el cepo publicitario ocasiona a los 170 medios a los que representan”.
El Diputado Enrique Thomas del Frente Peronista alertó “debemos impedir que se constituya en un serio riesgo el acostumbrarse a este tipo de situaciones, naturalizar el recibir llamadas de Moreno dando órdenes”. Y propuso avanzar “en ampliar las denuncias penales contra Moreno y también contra el responsable de la AFIP Echegaray”.
Cornelia Schmidt Liermann también Diputada del PRO, comentó que “ya debiera haberse convocado para tratar este tema la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, pero solo se reunió dos veces, una para constituirse y la segunda para tratar el precio de la yerba mate”. Y afirmó “Cristina Fernández está pidiendo acceso a la información a los jueces mientras por otro lado coarta el acceso a la información a los ciudadanos, esto se denomina neodictadura”.
Para el Diputado Carlos Brown del Frente Peronista “es una barbaridad que en un sistema democrático existan órdenes no escritas que si no se cumplen ocasionan graves problemas a los distintos actores”.
En tanto que para su par del Frente Peronista Eduardo Amadeo “hay que fomentar lo que se va armando poco a poco, que es una multipartidaria en contra de la corrupción en nuestro país”.
La Diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) cerró la Audiencia afirmando que “ha quedado claro la decisión de las empresas de no venir. Cuando cada sector sede libertades, es la sociedad la que pierde libertades”. Continuó proponiendo “quincenalmente vamos a verificar como sigue el cepo como lo hicimos con los índices del Indec, que de no haberlo hecho hoy el tema sería menos relevante, hay que animarse para impedir definitivamente que en Argentina existan órdenes clandestinas en Democracia”.
De la Audiencia también participaron otras personalidades que no hicieron uso de la palabra pero que acompañaron la misma con su presencia, entre ellos, el Diputado Ricardo Cuccovillo del Partido Socialista, el Diputado Gustavo Ferrari del Frente Peronista, el Presidente del Diario El Cronista Comercial Fabián Falco o el Sub Director del Diario La Nación Fernán Saguier, en tanto la Diputada Nacional Paula Bertol (PRO) hizo llegar su adhesión.