La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa su preocupación por la utilización de figuras penales de la ley antiterrorista contra periodistas de nuestro país.
Desde el mes de diciembre de 2013, LED viene siguiendo el caso de Juan Pablo Suarez, editor responsable de Última Hora Diario de Santiago del Estero, quién fuera detenido por la policía de esa provincia y permaneciera 10 días a disposición de la justicia provincial hasta que la causa por “instigación a cometer delito de sedición” pasara al fuero federal que determinó su liberación.
A partir de ese momento la Fundación brindó su apoyo y asesoramiento a Suarez quien además de no poder recuperar los equipos incautados por la justicia, tuvo serias dificultades para conseguir patrocinio legal como consecuencia de las presiones recibidas por los profesionales que lo asistían.
El fuero federal ha decidido un cambio de carátula en la causa, imputándole a Suarez la comisión del delito de incitación a la violencia colectiva, agravado por la finalidad de aterrorizar a la población (arts. 212 y 41 quinqueis del Código Penal)
Esta figura penal surge de la ley 26.734, conocida como ley antiterrorista, contra la cual nos expresáramos oportunamente advirtiendo que su aplicación podría generar graves lesiones a la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran.
Utilizar esta tipificación, pensada para perseguir a quienes cometen delitos que ponen en riesgo la seguridad de la nación, contra trabajadores de prensa por el ejercicio de su profesión conlleva una clara restricción al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en nuestro país.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA preceptúa que: “Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”
Claramente la utilización de la ley antiterrorista en el caso de Juan Pablo Suarez constituye un caso de presión inadmisible al periodista y al medio que conduce y tiene como finalidad generar autocensura en otros trabajadores y medios de prensa para evitar que se atrevan a cuestionar a los gobiernos de turno.
La Fundación LED continuará trabajando junto al periodista afectado para que se garantice la vigencia plena de los derechos humanos en nuestro país, para lograr que la utilización de este tipo de figuras penales no se convierta en una práctica para restringir derechos y para que de manera definitiva se deroguen estas normas de nuestro Código Penal.
12/05/2014