La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su profunda preocupación por las declaraciones realizadas por la agrupación oficialista «La Cámpora» pidiendo sanciones a periodistas y directivos de la señal de noticias La Nación Más (LN+).
A través de una publicación en sus redes sociales los dirigentes de la agrupación fundada por Máximo Kichner, cuestionaron un fragmento de una entrevista televisiva emitida por dicha señal de noticias, entre las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco, quienes intercambiaban opiniones sobre el estado de la salud de Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A estos comentarios la agrupación, integrada por ministros, diputados nacionales, e intendentes de todo el país, mediante su cuenta oficial en la red social Twitter, respondió con una serie de descalificaciones, que en sí mismas, constituyen un intento de limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y del derecho al acceso a la información de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
Mediante su comunicado «La Cámpora» además acusó al medio de comunicación y sus periodistas. En la publicación en redes postearon: “Hace veinte años que Cristina y su familia es violentada de manera pública y sistemática por las estructuras más poderosas del país. La barbarie de Julio Saguier, dueño de La Nación y amigo de fiscales y jueces ¿tiene un límite?” en el mismo hilo también se agregaba “discurso de odio. Mentira. Violencia. Humillación. Hostigamiento. Deshumanización. Brutalidad. Perversidad. Crueldad. ¿De verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué?” para finalmente concluir “No van a parar hasta que la bala salga. Esto es fusilamiento mediático. Alguien debe hacerse cargo”.
Por otra parte en la publicación, se ponía en copia al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a la Defensoría del Público de la Nación, y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) con el fin de que estos organismos intervengan sancionando a la señal y a varios de sus periodistas más reconocidos.
LED ha reiterado en distintos informes y declaraciones que la utilización de figuras como “discurso de odio”, “fake news” o “fusilamiento mediático” provenientes desde el poder gubernamental a menudo constituyen meras herramientas discursivas que se despliegan a fin de silenciar a periodistas y medios de comunicación con el objeto de impedir que realicen su labor en libertad. En consecuencia los organismos del estado deben abstenerse de utilizar estos conceptos como justificativo de la aplicación de sanciones. Cómo sucedió en Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa, la figura de Fusilamiento Mediático, incluida por ley, fue utilizada en distintos países del continente para apresar y condenar periodistas independientes, de allí la gravedad de estas acusaciones.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de la Naciones Unidas (ONU), mediante una Declaración Conjunta de sus Relatores Especiales en el año 2017, establecieron que “los estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad de expresión de conformidad con el test previsto en el derecho internacional para tales restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley” y que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» («fake news») o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión.”
Más allá del intercambio de opiniones entre dos periodistas, que causó la reacción de la agrupación oficialista debe recordarse siempre el precepto que fijara la CIDH al establecer que, “inclusive que sea posible determinar la verdad sobre todas las cosas, es indudable que precisamente el debate y el intercambio de ideas es el método indicado para la búsqueda de la misma y el fortalecimiento de sistemas democráticos basados en la pluralidad de ideas, opinión e información. Si de antemano se impusiera la necesidad de informar únicamente la verdad, precisamente se negaría la posibilidad de efectuar el debate necesario para conseguirla. La posibilidad de sanciones por informar sobre un tema que, con posterioridad y gracias al debate libre, se podría determinar como incorrecto, conduce a la posible autocensura de los informantes para evitar sanciones, y al consecuente perjuicio de todos los ciudadanos que no podrán beneficiarse del intercambio de ideas.”
LED rechaza la amenaza de sanciones a la señal noticiosa, y la intervención de organismos gubernamentales para intentar penalizar las opiniones de las comunicadoras mencionadas y dará seguimiento al caso informando a la vez a los organismos internacionales de monitoreo de la libertad de expresión en la región.