La Fundación LED (Libertad de Expresión +Democracia) manifiesta su preocupación por las amenazas del abogado de la Vicepresidente de la Nación al periodista Diego Cabot y al Diario La Nación.
José Manuel Ubeira, abogado de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una entrevista que le realizaran en Radio 10 dijo “Cabot en este momento debe estar muy preocupado por no perder la libertad” para luego afirmar “va a tener que ir en cana”. Por otra parte refiriéndose al diario La Nación, al que acusó de ser copartícipe de un “proceso fraudulento”, dijo “lo que han hecho es un escándalo. Ellos tienen responsabilidad porque son editores del diario. Naturalmente Cabot va a tener que ir en cana. Es parte de una operación de inteligencia”.
Este tipo de amenazas por parte de funcionarios o como en este caso miembros del equipo legal de una funcionaria que tiene distintas causas de corrupción bajo investigación, se han incrementado notablemente en la Argentina y constituyen una limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y el derecho al acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
Es evidente que estas acciones tienen como objetivo silenciar a periodistas y medios que llevan adelante investigaciones que incomodan al poder e inducir a la autocensura a quienes tengan interés en desarrollarlas en el futuro.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el “debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública. Las leyes de calumnias e injurias son, en muchas ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar, el discurso que se considera crítico de la administración pública.” y “que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático.”
LED se solidariza con el periodista y el medio afectados y continuará con su labor para que toda la sociedad comprenda que no es posible el desarrollo pleno de la democracia sin una prensa que ejerza su labor de manera independiente y sin interferencias.