La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su beneplácito por dos resoluciones judiciales que reconocen el derecho constitucional a la libertad de expresión en Argentina.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario en el que se buscaba modificar una sentencia de Cámara en la que se reconoció el derecho a la libertad de expresión.
Se trata de un caso en el cual el ex ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar reclamó una indemnización por daños y perjuicios en contra de los periodistas Jorge Lanata y Nicolás Wiñazky por haberlo vinculando en distintas notas periodísticas al narcotráfico, y que había sido admitida en primera instancia.
La Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda, reconociendo la preminencia del derecho a la libertad de expresión en casos en los que está en juego un tema de interés público en el que se encuentra vinculado un funcionario público. Este fallo de Cámara en el que se aplica la teoría de la real malicia, es el que quedó firme luego de la que Corte rechazara el recurso de Yahuar.
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscal María Alejandra Mángano, dispuso que no era delito el comportamiento de los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro, acusados por el ex director de AFI Agustín Rossi por revelar información que consideraba clasificada, considerando que se habían limitado a publicar una información arrimada por una fuente, y por lo tanto habían actuado dentro del derecho a libertad de prensa.
Para resolver de esta manera consideró además que avanzar en una querella criminal contra los periodistas por sus notas periodísticas vulnera el derecho a la libertad de expresión y puede desincentivar a las fuentes a colaborar con la labor de los medios. Se consideró además que los artículos publicados en relación a la existencia de una mesa militar al servicio de presunto espionaje ilegal del gobierno, era un tema de interés público que involucraba a funcionarios públicos.
Entendemos que este tipo de resoluciones judiciales van en sintonía con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en distintos fallos ha sentado las bases del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por ser necesario para el fortalecimiento de la democracia republicana sentada en nuestra Constitución Nacional.
Desde la Fundación LED continuaremos trabajando en la defensa de la libertad de expresión, señalando y dando visibilidad a casos que se resuelven en la justicia argentina, para colaborar en el fortalecimiento de nuestra democracia.