Falta de Integración de Organismos de Aplicación de la Ley 26.522
Cuando el gobierno nacional envió al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual esgrimió dos argumentos centrales, por un lado promover la diversidad permitiendo que todos los sectores de la sociedad tuvieran acceso a medios para difundir sus ideas y por otro lado la pluralidad en la toma de las decisiones del Estado vinculadas a la política de medios, para lo que se creaban distintos organismos con participación federal y de las minorías parlamentarias.
A casi tres años de la sanción de la Ley 26.522 vemos como, ninguno de los dos argumentos esgrimidos por el oficialismo fueron objetivos reales y por lo tanto carecen de aplicación en la realidad. Que las minorías parlamentarias no estén integradas a los organismos de aplicación de la ley y que la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual no esté constituida refleja el poco apego a la pluralidad y la obstrucción absoluta del rol de control que el Congreso debe tener sobre la aplicación de la ley.
Junto a los déficits propios en la redacción de la ley, los diversos incumplimientos de la misma que ya hemos puesto de manifiesto en nuestros informes configuran un escenario adverso para la vigencia plena de los derechos a la libertad de expresión y de información en nuestro país.
Es fundamental que se cumpla con la integración de los organismos previstos para garantizar la pluralidad de opiniones incorporando a las minorías y asegurando el control por parte de los ciudadanos. Sin la participación de quienes legítimamente representan las distintas expresiones del pensamiento en nuestro país es imposible tener un sistema de medios verdaderamente democrático.
Anulación de los Concursos de Televisión Digital
La reciente resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), dejando sin efecto el llamado a concurso para prestar servicios de televisión abierta digital confirma lo que esta Fundación y otras organizaciones vienen sosteniendo sobre las falencias e inaplicabilidad de algunos artículos de la Ley 26 522 y sus efectos negativos sobre la pluralidad de voces.
Mediante la resolución 929/12 la AFSCA dejó sin efecto el concurso público convocado en junio de 2011 (Resol. 686/11) a fin de adjudicar 220 licencias de televisión abierta digital en todo el territorio nacional. Esta licitación ya había sufrido prórrogas y modificaciones producto de las serias dificultades que planteó su implementación desde un principio (Resoluciones AFSCA 1658/2011; 941/2011; 1846/2011; 1657/2011).
Falta de precisiones técnicas, requisitos imposibles de cumplir por parte de los interesados y las sucesivas modificaciones al concurso han demostrado que este aspecto de la ley no fue analizado con el detenimiento necesario y que la autoridad de aplicación no tiene la aptitud para fijar parámetros técnicos y normas claras para todos los actores de la comunicación social. Es imposible iniciar un proceso de distribución de licencias digitales o analógicas sin elaborar y dar a conocer un plan técnico de radiodifusión como lo establece la propia Ley 26.522, esto genera confusión y poca transparencia sobre el procedimiento concursal.
El reclamo del Espacio Abierto de Televisoras Populares, Alternativas y Comunitarias expresa la desilusión que la aplicación selectiva de la ley por parte de las autoridades nacionales provoca en los sectores comunitarios que se ven impedidos de acceder a las frecuencias producto de la mala administración de los concursos y la revocatoria del llamado a los mismos.
Desde la Fundación LED continuaremos con nuestra labor de monitoreo sobre la aplicación de la ley e invitamos a todos los ciudadanos y organizaciones interesados a realizar sus aportes para conseguir una norma regulatoria eficiente y plenamente democrática.