La Fundación LED ( Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su beneplácito por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la cual revocó la condena impuesta al periodista Diego Masci por el poder Judicial de la provincia de San Luis.
Diego Masci, director del sitio periodístico zbol.com.ar , fue condenado por haber publicado en ese medio un video en el que se veía a María Natalia Spinuzza, por entonces titular del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis, diciendo que había consumido marihuana y bebidas alcohólicas y que estaría bajo los efectos de esas sustancias. El video había sido tomado algunos meses antes por la propia funcionaria mientras estaba en la ciudad de Ámsterdam, en el Reino de los Países Bajos, en uso de licencia, y enviado por ella a un grupo de personas cercanas mediante una aplicación de mensajería digital. Horas antes de su publicación bajo el título “Apareció un video con la ministra de Educación de Rodríguez Saá aparentemente drogada” el 24 de agosto de 2018, el video habría circulado entre periodistas de la provincia de San Luis, a través de la misma plataforma.
El periodista fue condenado en todas las instancia provinciales y declarado culpable del delito previsto por el art. 155 del Código Penal de la Nación y se le impuso el pago de una multa de noventa mil pesos. El Superior Tribunal de Justicia puntano confirmó la condena impuesta sin tener en consideración ninguna de las defensas planteadas por Masci, particularmente la protección constitucional de la libertad de expresión e interpretó que el periodista habría violado la privacidad, la intimidad y el honor de la funcionaria de manera indebida.
El caso fue llevado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual, en base a los fundamentos a favor de la libertad de expresión manifestados por el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, revocó la sentencia condenatoria.
El Máximo Tribunal, aplicando la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, entendió que el poder judicial provincial directamente no había aplicado la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos en cuanto a la protección de la libertad de expresión y no había efectuado una amplia revisión de la condena a la luz de ese derecho.
Por su parte, el Dictamen del Procurador resaltó el lugar preeminente que ocupa la libertad de expresión en la arquitectura constitucional en atención al papel decisivo para el funcionamiento de una república democrática y la dimensión social de este derecho.
Asimismo, recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto no se considera violación a la intimidad y por ello no hay responsabilidad cuando se trata de información referida a una funcionaria pública y la misma lo ha publicado de manera voluntaria. En estos casos constituía una persona pública en los términos de la jurisprudencia de V.E. en la materia, a la que corresponde una tutela atenuada de sus derechos al honor e intimidad cuando ellos colisionan con el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas.
LED siguió este caso desde su origen, realizando reiteradas declaraciones, poniéndolo en conocimiento de los organismos internacionales especializados que nuestro país integra y dándole visibilidad mediante actividades como el seminario “La Libertad de Expresión bajo acoso judicial” en el cual Diego Masci junto a otros periodistas acosados judicialmente dio testimonio de su situación y el Seminario “Aspectos del feudalismo informativo como limitante de la Libertad de Expresión». Así mismo las distintas instancias judiciales por las que pasó las causa formaron parte de los informes anuales de la Fundación sobre Limitaciones al Ejercicio de la Libertad de Expresión en la Argentina.
Desde la Fundación LED celebramos la defensa de la libertad de expresión en nuestro país y continuaremos bregando por la visibilización y defensa de los casos en que se vea afectado ese derecho fundamental.