La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) desea destacar ante el tratamiento legislativo del proyecto tendiente a modificar la Ley Nª 23.349, sobre la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, que grava las ventas de diarios, revistas y publicaciones periodísticas, la importancia de contar con políticas claras de promoción a la diversidad cultural, libertad de prensa y acceso a la información de los ciudadanos.
No es nuevo el reclamo de los medios gráficos de nuestro país, que desde la sanción de la ley 25.063 en el año 1998, y la caída de los planes de competitividad a través del DNU 746/03, vienen alertando sobre la compleja situación financiera por la que atraviesa el sector. La presión fiscal, junto con el desarrollo de nuevas plataformas de información ha generado una situación compleja para la sustentabilidad económica de los medios y resulta entonces pertinente que el estado actué para moderar esas dificultades.
No es un hecho circunscripto solo a nuestro país, la crisis de los diarios en papel y la prensa escrita en general es un fenómeno global, y distintas naciones ya han acudido en rescate de los medios gráficos en varios continentes.
LED en este punto coincide con lo enunciado en el mensaje de elevación del proyecto al señalar que «los medios gráficos constituyen un pilar indispensable y primario para el enriquecimiento cultural de la población y el afianzamiento de la estructura democrática, que es deber del Estado nacional fomentar y apoyar».
Por eso es importante señalar que existen, en la norma impulsada por el Poder Ejecutivo, algunas cuestiones que merecen un análisis detenido y sobre cuyas consecuencias deseamos alertar.
La decisión de segmentar los montos de las alícuotas impositivas en función de la facturación por precio de tapa o por locaciones de espacios publicitarios de los medios, sin que existan criterios técnicos claros, ni informes que detallen como afectará esto a los distintos contribuyentes involucrados hace suponer que dichos topes han sido fijados mediante la decisión discrecional de los funcionarios, lo cual va en contra del derecho a la igualdad ante la ley vulnerando el principio fijado en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional cuando señala: “la igualdad es la base del impuesto”.
No se puede soslayar en ningún caso que los sujetos comprendidos en la norma son medios de comunicación y que por lo tanto cualquier tipo de discriminación puede ser considerada una limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Además no queda establecido si se considerará por medio individual o por grupo de medios, ya que el alcance de facturación variaría considerablemente si se toma por medio o por conjunto editorial, lo cual aumentaría la discrecionalidad en el otorgamiento del beneficio.
Adicionalmente el proyecto de ley en tratamiento no puede ser considerado de forma aislada ya que forma parte de un paquete medidas que incluye el Decreto 852/14, mediante el cual se implementa un sistema de cancelación de deudas impositivas, aduaneras y previsionales para medios de comunicación mediante la dación en pago de espacios publicitarios o servicios conexos, que será administrado por la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación.
Esta modalidad de cancelación de deudas con el fisco no es nueva, sin embargo no se debe dejar de destacar que su implementación va en contra de lo que establecen las normas tributarias y de administración pública de nuestro país.
Como parámetro de referencia, es importante recordar que el artículo 13 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, refiriéndose a las fuentes de financiamiento del presupuesto de la AFSCA, establece que “las multas y otras sanciones pecuniarias no serán canjeables por publicidad o espacios de propaganda oficial…”. El espíritu de esta disposición entra claramente en contradicción con la modalidad de cancelación de deudas antes referida.
También se debe evaluar el riesgo que implica este mecanismo teniendo en cuenta la discrecionalidad con la que hasta la fecha se ha manejado la distribución de la pauta publicitaria oficial, ya que el organismo encargado de aceptar la cancelación mediante este sistema, la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación, es el mismo que ha merecido reiteradas amonestaciones de la Justicia (incluso de la Corte Suprema de la Nación) por la falta de criterios objetivos para cumplir con su misión.
Asimismo el cumplimiento de este canje de deuda por publicidad establecido en el Decreto 854/14 puede efectivizarse durante el período electoral, lo que aumentaría mucho más la arbitrariedad y el incremento de recursos destinados a la publicidad oficial, que para el año 2013 fue de 1390 millones de pesos.
Por ello es importante señalar que para que esta medida tenga el efecto deseado sobre la promoción de la pluralidad y fortalecimiento de los medios de pequeño y mediano alcance es necesario acompañarla de otras por las que nuestra organización viene bregando desde su creación.
La sanción de una ley que regule la asignación de recursos para la pauta publicitaria oficial y de una norma que garantice el acceso a la información en poder del estado, son indispensables para concretar los objetivos enunciados.
Si bien, como mencionamos desde un comienzo esta medida es un avance para la solución de un problema puntual, entendemos que a partir de las dudas plateadas es necesario realizar una revisión integral de la normativa vigente para garantizar que todos los medios tengan igualdad de oportunidades en su desarrollo.
Además es importante destacar que en la actualidad la mayoría de los medios gráficos cuentan con ediciones digitales, y las ventajas planteadas a partir de este beneficio no deberían ser un factor de inequidad para aquellos que han apostado por las nuevas tecnologías sin soporte en papel. El estado debe propiciar las condiciones ideales para que todos, con igualdad de oportunidades sigan ampliando las fronteras de la comunicación dentro de los nuevos paradigmas que plantea la sociedad de la información.
Desde LED continuaremos con nuestra labor para garantizar la plena vigencia de la libertad de expresión y de prensa en nuestro país y convocamos a todos los ciudadanos y al estado a continuar el debate de las iniciativas necesarias para garantizar estos derechos.