La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la denuncia civil presentada contra los medios venezolanos El Nacional, La Patilla y Tal Cual por el presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello.
El funcionario, alegando “daño moral”, ha presentado una demanda contra los medios mencionados que, de proceder, significará una multa de varios cientos de millones de dólares.
Ante esta situación, y de tener que afrontar efectivamente los montos demandados, algunos de los medios afectados han manifestado que no tendrían otra alternativa que declararse en quiebra.
En abril de este año, el funcionario en cuestión, había iniciado una demanda de carácter penal contra los directivos de estos tres medios acusándolos de “difamación” y solicitando que se les impidiera salir del país.
A esa demanda ahora se suma la causa civil en la cual Cabello reclama un resarcimiento millonario. Ambas demandas tienen como origen la reproducción por parte de los medios venezolanos de un artículo del diario español ABC en el cual un ex colaborador del presidente del Parlamento lo vinculaba a distintos ilícitos.
LED ha advertido en reiteradas oportunidades el deterioro que sufre el derecho a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela.
El bloqueo de portales de internet, las restricciones a la adquisición de papel periódico, los ataques a medios y trabajadores de prensa, y la persecución judicial de los mismos se han convertido en hechos cada vez más frecuentes en ese país.
Como señalamos en otras ocasiones esta situación no es exclusiva de Venezuela y forma parte de un contexto regional en el cual los medios y trabajadores de prensa ven seriamente limitadas las posibilidades de ejercer su profesión de manera independiente, principalmente a causa de algunas acciones del estado.
Volvemos a destacar que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA establece que “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”
La Fundación LED continuará monitoreando e informando sobre el estado de la libertad de expresión y de prensa en la Argentina y en aquellos países de la región en los cuales estos derechos se ven limitados y seguirá trabajando para que el rol de los periodistas y los medios de prensa sea respetado plenamente por los ciudadanos y particularmente por los estados.