La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación ante el dictado del Decreto 1311/15 publicado en el Boletín Oficial de la Nación con fecha 7 de julio que aprueba, como aspectos centrales, la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional y la Estructura Orgánica y Funcional de la Agencia Federal de Inteligencia.
En primer lugar, el citado Decreto omite delimitar las funciones que se atribuyen a la Agencia Federal de Inteligencia y tampoco reglamenta cómo se clasifica o desclasifica la información secreta obtenida, ni los mecanismos de acceso a la misma. Por otra parte, prescinde de establecer el procedimiento para recabar información sobre los distintos delitos comprendidos en él.
Tampoco es claro sobre los delitos enunciados en las distintas categorías comprendidas en la normativa, circunstancia que trae aparejada la falta de certeza e imprecisión en lo referido a las conductas objeto de investigación.
En consecuencia, la vaguedad consagrada en la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional podría constituir una afectación del derecho de libertad de expresión garantizado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran, ya que resulta complejo determinar que tipo de contenidos se considerarán sujetos al control estatal.
Como expresamos en oportunidades anteriores, el Estado Nacional ha sido cuestionado por entenderse que ha desarrollado diversos mecanismos tendientes a acallar opiniones disidentes, como herramientas restrictivas de las garantías constitucionales.
La aplicación de la Ley Antiterrorista, en el caso del periodista Juan Pablo Suárez de Santiago del Estero, hecho denunciado oportunamente por la Fundación LED, y el denominado Proyecto X en el ámbito de la Gendarmería Nacional destinado a la creación de una base de datos obtenida a través de inteligencia y espionaje sobre militantes y organizaciones sociales, son algunos de los casos más destacados al respecto.
A su vez, la utilización por parte de funcionarios, de información de organismos públicos como la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para cuestionar a periodistas y ciudadanos que se manifiestan de manera crítica, ha generado un escenario que fomentaría la autocensura, tal como ha consignado la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) en los casos del director cinematográfico Eliseo Subiela o el empresario inmobiliario Jorge Toselli.
En consecuencia la falta de claridad de la nueva norma, junto a la discrecionalidad en el uso de la información en manos de distintos organismos del estado podría resultar en una lesión a las garantías fundamentales de una sociedad democrática.
La Fundación LED seguirá con atención el proceso de implementación del Decreto 1131/15 a fin de garantizar que su aplicación no resulte en un cercenamiento de la libertad de expresión y de prensa, ni de otros Derechos Humanos tutelados por nuestra Carta Magna y continuará con su tarea de proteger y difundir estos preceptos esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad.
10/07/2015