La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la posición sostenida por el gobierno argentino durante el Examen Periódico Universal 42 previsto por las resoluciones 5/1 y 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, en atención a las inexactitudes y falsedades que la mismo refleja, así como por su visión ideológicamente sesgada.
En lo que hace al derecho humano de libertad de expresión y su correlato del derecho de acceso a la información que reconocen el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV, el informe citado basado en parte en documentos elaborados por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo éste que ha sido seriamente cuestionado por las principales Organizaciones de la Sociedad Civil ocupadas en la defensa de la libertad de expresión de la Argentina, entre ellas CADAL, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), esta Fundación LED y el Foro de Periodistas Argentino (FOPEA).
La Fundación LED ha sostenido en sus documentos respecto del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO) que “ este tipo de herramientas se pueden transformar rápidamente en mecanismos de censura o inducir a la autocensura de medios y comunicadores, al tiempo que remarcamos que las misiones y funciones de la Defensoría excluyen la potestad de analizar, evaluar y validar los contenidos emitidos por los medios de comunicación y adicionalmente que su ámbito de funcionamiento no alcanza a las plataformas digitales las cuales se encuentran por fuera del marco legal que regula el funcionamiento de dicho organismo”.
Por otra parte, es de destacar que el informe gubernamental señalado omite apuntar los casos en que se han violado los Derechos Humanos de libertad de expresión y de acceso a la información por parte de Gobiernos provinciales del mismo color político que el Gobierno Nacional, siendo el ejemplo paradigmático al respecto el tratamiento dado a periodistas en la Provincia de Formosa gobernada por Gildo Infran. La omisión de la grave vulneración a la libertad de prensa en esa provincia durante 2021, la cual suscitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia pone de manifiesto la parcialidad en la elaboración del documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el secretario Horacio Pietragalla.
Por otra parte en los apartados 188 y 189 del documento en cuestión se formulan graves acusaciones contra el sistema judicial, que no solo son falaces, sino que persiguen el único objetivo de beneficiar a funcionarios condenados por múltiples actos de corrupción, esgrimiendo argumentos de parcialidad de la justicia argentina.
Como en todo sistema republicano, en el cual impera la división de poderes, la justicia goza de los mecanismos necesarios para garantizar los derechos y garantías vigentes para todos los ciudadanos, desconocer este hecho resulta gravoso para nuestro país afirmando en un informe oficial que los acusados en causas de corrupción han carecido del derecho a la legítima defensa cuando los mismos han gozado en plenitud de sus derechos, lo cual es fácilmente constatable por cualquiera de las partes interesadas.
Ante este embate de un poder del estado contra la justicia la respuesta de la comunidad internacional, mediante los estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del #UPR42 ha sido contundente señalando que el gobierno debe asegurar “la plena independencia del poder judicial y de los fiscales”.
Lamentablemente, luego de esta rápida y clara respuesta de la ONU, los funcionarios del gobierno en vez de tomar nota de estas recomendaciones han resuelto arremeter contra la prensa acusándola de ser responsable de la pésima imagen que brindó nuestro país en el más relevante de los foros internacionales en materia de derechos humanos.
LED dará seguimiento al proceso de este informe dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pondrá en conocimiento del Alto Comisiona del organismo las irregularidades, inexactitudes y falsedades que contiene el mismo y trabajará para que los logros en materia de Derechos Humanos en la Argentina, a casi 40 años de recuperación de la democracia, no se vean empañados por el accionar de funcionarios irresponsables.