La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la denuncia efectuada por el periodista Marcelo Longobardi, según la cual uno de los anunciantes privados del programa que conduce “Cada Mañana”, habría retirado el auspicio a partir de presiones recibidas desde el Gobierno Nacional. De confirmarse este hecho estaríamos ante un caso grave de limitación a la libertad de prensa y de expresión.
Recordamos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”
En la Argentina esta situación no es novedosa, ya durante todo el año 2013 y parte del 2014, la Fundación LED y un grupo de legisladores nacionales difundieron de manera mensual un índice que reflejaba la perdida de anunciantes privados sufrida por los principales medios gráficos nacionales como consecuencia de una directiva informal emitida por el ex Secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno. Por esta causa a lo largo de 2013 la publicidad de grandes cadenas de supermercados y distribuidoras de electrodomésticos registro una caída de alrededor de un 70% en comparación con el año 2012, llegando a un pico de pérdida de pauta del 82% durante el mes de marzo.
A esta presión ejercida sobre los anunciantes privados se suma la distribución arbitraria de los recursos destinados a la pauta publicitaria oficial sobre la cual LED viene alertando desde hace varios años. Al respecto es importante tener en cuenta que ya existen cuatro fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Diario Río Negro, dos fallos sobre Editorial Perfil y ARTEAR), en los cuales además de ordenar al Estado la restitución de la pauta a los demandantes, lo intima a establecer criterios equitativos y razonables para la distribución de la publicidad oficial. Abunda mencionar que ninguna de dichas resoluciones del Máximo Tribunal ha sido respetada. Por lo tanto y como hemos manifestado en otras ocasiones la distribución arbitraria de la pauta publicitaria oficial, las presiones a los anunciantes privados, la utilización indiscriminada de la Cadena Nacional, el accionar selectivo de la AFSCA y los ataques de importantes funcionarios nacionales a medios y periodistas independientes forman parte de un andamiaje que limita los espacios para las voces críticas e intenta lograr la hegemonía comunicacional del gobierno.
La Fundación LED seguirá la evolución de este caso y reitera la necesidad de que la sociedad en general y quienes ejercen el poder en particular comprendan que las críticas y el disenso son parte necesaria de un sistema democrático, por lo que cualquier intento de suprimirlos implica una limitación al ejercicio de las garantías elementales que deben regir nuestra sociedad.