La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la decisión del gobernador de la Provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, de prohibir la circulación y venta de medios gráficos nacionales en esa provincia durante la emergencia por la pandemia de COVID19.
Según las autoridades provinciales la medida se tomó en el marco del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, y como forma de disminuir la circulación de vehículos y personas desde y hacia San Luis.
La decisión del gobierno provincial ha generado preocupación entre los distribuidores y vendedores de diarios y revistas quienes advierten que se puede estar ante un hecho de censura, ya que a partir de esta medida solo circula un periódico en la provincia, el cual es propiedad de la familia del gobernador Rodríguez Saa.
Si bien nos encontramos ante una situación excepcional como consecuencia de una emergencia sanitaria inédita, esto no puede ser argumento para limitar la libertad de expresión y de prensa y el derecho de los ciudadanos a acceder a la información. Como hemos mencionado en sucesivas declaraciones las acciones que se tomen para garantizar la salud y la seguridad pública se deben dar dentro de los límites que establece el estado de derecho y nunca pueden ser restrictivos de estos principios fundamentales.
Recordamos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece taxativamente que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”
LED reitera la importancia de que todos los medios puedan circular de manera libre y sin condicionamientos previos como un requiso fundamental para el cumplimiento de los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran, y seguirá trabajando para visibilizar cualquier situación en la que estos principios se vean afectados.