La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), manifiesta su profunda preocupación por una operación de espionaje ilegal a periodistas y personalidades públicas de distintos ámbitos.
A partir de un dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita, distintos medios de comunicación han dado cuenta de una red de espionaje ilegal que se remonta al menos al año 2015, la cual operaría realizando informes sobre periodistas, funcionarios públicos y empresarios con el objetivo de perjudicar la imagen pública de los involucrados.
Según se desprende del dictamen del fiscal un ex agente de inteligencia de la Policía Federal, Ariel Zanchetta, quien en la actualidad se encuentra detenido y cuyos dispositivos electrónicos fueron peritados, era parte de una organización de inteligencia ilegal que espiaba a distintas personalidades. Entre quienes habrían accedido a esa información se encuentran el Diputado Nacional, Rodolfo Tailhade y el actual funcionario de la Agencia Federal de Ingresos Públicos Fabián “Conu” Rodríguez.
Es importante remarcar que el Diputado Tailhade es miembro de la comisión bicameral que supervisa las actividades de inteligencia, y de la Comisión de Jucio Político que en la actualidad tramita un expediente contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que Rodríguez era directivo de la agencia estatal de noticias TELAM la cual habría realizado pagos a Zanchetta en concepto de pauta publicitaria oficial.
Entre los periodistas que habrían sido víctimas de esta operación ilegal se encuentran Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel Pedro Etchecopar, Pablo Duggan, Diego Brancatelli, Luis Novaresio, Julia Mengolini y Christian Sanz. Estos nombres se desprenden de la etapa preliminar de la investigación y puede llegar a ampliarse. A ellos se suman un millar de políticos, funcionarios judiciales y empresarios.
LED ha advertido en reiteradas oportunidades sobre el riesgo que implican para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y el derecho al acceso a la información las actividades de inteligencia, y más cuando las mismas se realizan fuera de la ley.
Al respecto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha dicho que “las decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes, que deben dar cuenta de las razones por las cuales la medida es idónea para alcanzar los fines que persigue en el caso concreto; si es lo suficientemente restringida para no afectar el derecho involucrado más de lo necesario y si resulta proporcional respecto del interés que se quiere promover. Los procesos de investigación que se lleven adelante y que impliquen una invasión de la privacidad autorizada por ley y ordenada por un juez competente deben respetar, además, otras garantías vinculadas al debido proceso. Los Estados deben garantizar que la autoridad judicial sea especializada y competente para tomar decisiones judiciales sobre la legalidad de la vigilancia de las comunicaciones, las tecnologías utilizadas y su impacto en el ámbito de los derechos que pueden resultar comprometidos.”
Ninguna de estas garantías se habrían dado en el caso en cuestión, por lo cual se constituiría una clara violación de los derechos mencionados, en particular cuando los promotores y financiadores de la operación ilegal serían funcionarios públicos.
LED se solidariza con los periodistas afectados, pondrá en conocimiento del caso a los organismos internacionales especializados y continuará su labor para que para que la prensa pueda ejercer su tarea sin condicionamientos como principio de una sociedad democrática.