A raíz de un informe periodístico emitido en el programa del periodistas Luis Majul, en la señal de noticias La Nación +, y que luego fuera reproducido por otros medios nacionales, el funcionario municipal calificó a la información como una “operación mediática” que busca “generar un clima de odio y estigmatización hacia un determinado espacio político” responsabilizando al periodista y a los “grupos hegemónicos” de esta acusación.
El informe en cuestión daba cuenta del alquiler de una propiedad, en la ciudad de Río Gallegos, perteneciente al Diputado Nacional Máximo Kirchner y a su hermana Florencia por parte de la Municipalidad de Caleta Olivia con el fin de abrir una oficina de gestiones administrativas y sociales. El hecho fue confirmado por el funcionario municipal.
Este tipo de actitudes, especialmente proviniendo de un funcionario público, son una severa limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y al derecho al acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.” En este sentido la Corte Interamericana he enfatizado que “es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.” Por otra parte la misma declaración postula que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.” y sobre el particular la Comisión Interamericana ha sido clara la decir que “ … la necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la política pública…” Y agrega,”…dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica…”
Es claro entonces que la actitud del funcionario municipal cuestionando a periodistas y medios por dar a conocer una información que el mismo confirmó y que tiene un claro interés público va en contra de los estándares interamericanos a los que nuestro país adhiere.
La Fundación LED dará seguimiento a este caso y continuará con su labor para que todos, y en especial los funcionarios públicos comprendan el rol fundamental que desempeña la prensa en una sociedad democrática y para que los ciudadanos ejerzan de manera plena su derecho a acceder a la información como una herramienta de fortalecimiento de nuestro sistema institucional.