La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) ha tomado conocimiento de las declaraciones realizadas por los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico denunciando que sus casillas de correo electrónico habrían sido hackeadas, presuntamente por áreas dependientes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
LED manifiesta su rechazo ante cualquier acción que suponga una limitación a la privacidad de los ciudadanos y particularmente la de los periodistas.
Durante los últimos años en nuestro país se han registrado sucesivas denuncias por parte de periodistas en situaciones similares a la actual
En el año 2006, el periodista Daniel Santoro denunció espionaje a su correo electrónico. En 2013 el abogado Ricardo Monner Sanz realizó una denuncia sobre acciones de seguimiento y espionaje por parte del Ejército Argentino sobre distintos trabajadores de prensa. En marzo de este año y a raíz de un peritaje ordenado por el Juez Sebastian Casanello, en el marco de una causa iniciada en 2015, se determinó que durante ese año los teléfonos de los periodistas Carlos Pagni, Daniel Hadad, Jorge Lanata, Daniel Santoro, Hugo Alconada Mon, Luis Majul y Nicolás Wiñazki habían sido intervenidos junto a los de distintos jueces, empresarios y políticos.
Todos estos hechos merecieron el repudio y motivaron una profunda preocupación de las organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y de prensa, entre ellas la Fundación LED.
En las declaraciones emitidas al respecto recordamos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, en su apartado 8° establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Si bien en este caso en particular la AFI ha negado la existencia de orden oficial alguna para que se realice cualquier tipo de investigación sobre los periodistas, y ha comunicado que se presentará a la justicia para esclarecer lo sucedido, es necesario que se arbitren las medidas oportunas para evitar que este tipo de prácticas puedan persistir en el organismo o en cualquier otro ámbito de nuestro país.
LED seguirá con profunda atención la evolución de este caso, reiterando la importancia de que la justicia investigue las denuncias y preserve el derecho a la privacidad de los periodistas y el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de expresión y de prensa garantizado en nuestra Constitución Nacional.