La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa su preocupación por la presentación judicial efectuada el día 22 de Noviembre de 2012 por el Grupo Clarín S.A. donde se denuncia incitación a la violencia por parte de funcionarios del gobierno nacional.
El clima de confrontación desatado por el Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es público y manifiesto y se viene profundizando desde fines del año 2008. Con frecuencia, distintos funcionarios de la más alta jerarquía gubernamental formulan acusaciones de toda índole sobre el medio denunciante. Numerosas acciones, administrativas, judiciales, legislativas y políticas han sido desplegadas en los últimos años en función de la confrontación directa contra los medios que mantienen una línea editorial independiente, entre ellos los medios gráficos y audiovisuales pertencientes a Clarín S.A.
En este contexto se produce la denuncia ante la justicia que pide investigar la existencia de acciones de liberadas de algunos funcionarios del gobierno nacional que podrían instigar a la violencia colectiva en perjuicio del denunciante, mencionando declaraciones de periodistas que ejercen sus funciones en los medios públicos y en el Programa Fútbol para Todos, entre ellos Sandra Russo y Javier Vicente. Desde la Fundación Led advertimos la necesidad de preservar la labor periodística como derecho prioritario, y proteger la libertad de expresión y de opinión de todos los ciudadanos, especialmente cuando se trata de periodistas, indistintamente del medio para el que trabajen. Las opiniones y declaraciones de periodistas deben quedar fuera de todo cuestionamiento judicial para evitar restricciones de ningún tipo sobre la libertad de expresión o acciones que puedan inducir a la autocensura posterior.
En momentos en los cuales la libertad de expresión y de prensa se encuentran en tensión en nuestro país, todas las acciones de la justicia deben ser contundentes y positivas en pos de resguardar ese derecho, preservando como principal sostén del sistema democrático un clima pacífico de convivencia entre el poder público, y los medios de comunicación. El apego a los mandatos constitucionales es el único camino para garantizar un marco dentro del cual los periodistas puedan desarrollar su labor en la más absoluta libertad.
La Fundación Led vuelve a señalar la necesidad de proteger la independencia de la labor periodística instando a todos los actores de la comunicación social (gubernamentales y privados) a respetar la diversidad de ideas y la libertad de opinión como señala el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».