Ante la denuncia penal contra los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos, por una presunta “instigación a cometer delitos”, la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) reafirma la importancia que tiene el ejercicio de la labor periodística para el fortalecimiento del debate público.
La denuncia fue formulada a partir de las opiniones que estos vertieran a raíz de las denuncias del Ministerio de Capital Humano de la Nación sobre las irregularidades cometidas por organizaciones sociales en el reparto de alimentos.
El día 03 de junio de 2024, a través de diversos medios de comunicación, se conoció la información de que dos periodistas, Darío Villarruel y Nancy Pazos, fueron denunciados penalmente por el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. En este contexto es importante resaltar que le libertad editorial y de opinión de los periodistas al interpretar y comentar noticias no pueden ser objeto de judicialización ni ser consideradas una instigación a cometer delitos, sino que forman parte del derecho a la libertad de expresión y de prensa.
El funcionario se presentó a la justicia alegando que los periodistas habían incurrido en el supuesto de “instigación a cometer delitos” a partir de las opiniones que vertieran respecto del tema antes mencionado. Si bien la denuncia se hizo a título personal, y fue desestimada por la justicia, la misma puede generar una situación de tensión entre el gobierno y la prensa que no contribuye al diálogo democrático como resultado del intercambio de opiniones.
Al rechazar el planteo judicial realizado por el Dr. Cúneo Libarona el Fiscal de la causa estimó respecto de las opiniones de los periodistas que «sus manifestaciones no tienen entidad para considerar que se trató de una conducta delictiva, y tampoco reúne los elementos del tipo penal por el cual fue denunciada».
LED reitera la necesidad de que los funcionarios de todas las administraciones sean tolerantes a la crítica de la prensa y de los ciudadanos en general, advierte sobre los riesgos que implica para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa la utilización de figuras penales contra periodistas y remarca la importancia que tiene para el debate público la libre circulación de las opiniones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la obligación de garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia (Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de Julio de 1988).
La Relatoría Especial ha señalado que una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno.
La Fundación LED ha informado sobre otros casos de funcionarios que acusaron penalmente a periodistas, como el de Diego Masci, por difundir imágenes de una funcionaria provincial de San Luis que habían circulado en redes sociales. Masci fue condenado en todas las instancias por la justicia de esa provincia y luego absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. LED se puso a disposición del periodista, colaboró en su defensa, dio seguimiento y visibilidad a este caso y lo puso en conocimiento de los organismos internacionales especializados.
Nuestra democracia se fortalece cuando más intensos son los intercambios de ideas, es ese contexto muchas veces las expresiones vertidas pueden resultar ofensivas e incluso agraviantes para las partes, sin embargo, es obligación de todos, y en especial de quienes ejercen la función pública preservar los principios de libertad que sostienen nuestra convivencia democrática.
LED reitera la necesidad de que los funcionarios públicos procuren garantizar y fomentar la tolerancia hacia la libre circulación de ideas y opiniones y el ejercicio de la labor periodística en un ámbito democrático y seguro, dará seguimiento a este caso y continuará trabajando para que la labor de la prensa sea garantiza y reconocida por toda la sociedad y, particularmente por quienes ejercen funciones de gobierno como un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática.