La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la decisión del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, de denunciar a los periodistas Daniel Santoro y Joaquín Morales Solá, y a los diarios Clarín y La Nación, por una presunta violación a la Ley de Inteligencia.
Como parte de la investigación de una denuncia por espionaje ilegal que impulsó un pedido de informes por parte de la oposición en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, los periodistas publicaron información de la respuesta a dicho pedido de informes que la AFI envió a la Comisión. Según el titular del organismo de inteligencia la difusión de esos datos que incluiría el nombre de agentes viola la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional.
Si bien es necesario que la justicia se expida de manera clara y pronta, desde LED debemos resaltar que la utilización de demandas judiciales contra medios y periodistas muestra un alarmante incremento en la Argentina y constituye una severa limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y al derecho al acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
El caso sobre el cual informaban los periodistas es sin duda de alto interés público, ya que implica la filtración de conversaciones privadas de funcionarios y ciudadanos que habrían sido obtenidas de manera ilegal y manipuladas con objetivos políticos.
En particular en lo que hace a la supuesta revelación de los nombres de agentes de inteligencia se debe destacar que los mismos ya habían tomado estado publico y que el propio titular de la AFI había refutado que uno de ellos fuera integrante del organismo y sobre los otros había referido que sus funciones no eran motivo de secreto.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Relatoría Especial para la Protección y Promoción a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU han establecido de manera conjunta que “La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizada por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes.”, y en el mismo sentido que “bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidas a sanciones ulteriores. En igual sentido, las fuentes confidenciales y materiales relacionadas con la divulgación de información reservada deben ser protegidas por la ley. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información en materia de terrorismo y seguridad nacional. Los códigos de ética periodísticos resultan de utilidad para el logro de este propósito.”
En ese contexto es indudable que la labor de los medios y de los periodistas debe propender a llevar la mayor cantidad de información a la ciudadanía, ya que se encuentra en riesgo no solo la privacidad de los ciudadanos, sino que también se estarían tergiversando los hechos a partir de un accionar ilegal en el cual podrían estar involucrados funcionarios y organismos del estado.
La labor de la prensa debe ejercerse de manera ética y dentro de lo que marca la ley, pero no pueden ser organismos del gobierno quienes determinen los parámetros a los que debe ajustarse la profesión, es por ello que resulta necesario que la justicia actúe con celeridad para que no se extienda un manto de autocensura en medios y periodistas que investigan hechos que involucran al estado.
LED dará seguimiento a este caso y continuará con su labor para que el ejercicio del periodismo sea respetado en nuestro país y valorado por toda la sociedad como un requisito indispensable para el robustecimiento de la democracia.