La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia expresa su repudio a la intimidación sufrida por el humorista gráfico Cristian Dzwonik (Nik) de parte del Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández.
El 8 de octubre Nik expresó una opinión en la red social Twitter sobre las políticas electorales del gobierno nacional y la entrega de electrodomésticos o viajes utilizados para recuperar el voto de la gente. A raíz de este comentario, el Ministro de Seguridad, respondió en la misma red social, replicando el posteo original con un comentario intimidatorio haciendo mención al colegio donde asisten las hijas del dibujante.
La réplica a la opinión de Nik, formulada por un Ministro, expone el clima de baja tolerancia a la crítica por parte de las autoridades nacionales. La amenaza implícita que encierra la respuesta ministerial, agrega un tono de mayor gravedad a la tensión sobre la libertad de opinión en nuestro país. La intimidación o amenaza a un ciudadano por sus comentarios excede el límite de los parámetros democráticos en el que el debate público debe transcurrir, poniendo al gobierno en su conjunto, en una actitud que, de no mediar una toma de posición oficial ante la inconducta de un miembro de su gabinete, lo torna ilegítima y autoritaria.
Luego de las repercusiones negativas y el apoyo inmediato de las organizaciones periodísticas y sociales, el Ministro se disculpó con otro mensaje donde expuso conocimiento sobre distintos datos personales del agraviado. De esta manera, se profundizó la intimidación inicial, ya que el Ministro de Seguridad, quien tiene como misión principal la de proteger a los ciudadanos, utiliza información personal y privada de Dzwonik para exponerlo, amedrentarlo por su opinión, dando un mensaje claro a la sociedad, sobre las responsabilidades ulteriores, y/o problemas que puede acarrear opinar en contra del gobierno.
Situaciones como estas, representan sin lugar a dudas una fuerte restricción a la libertad de expresión. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que «el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático. Ello se aplica a los funcionarios y miembros de la armada, incluyendo aquellos que integran los tribunales. Además, al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad». Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 82.
En el mismo sentido, expresó que “El control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de participación ciudadana. De allí que el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiera la mayor circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público.”Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 57 y 87; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 84, 86 y 87; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrer Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127.
La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia se solidariza con el cronista gráfico Cristian Dzwonik, y expresa su enérgico repudio a cualquier tipo de agravio, intimidación o amenaza hacia la prensa, hacia la opinión ciudadana así como hacia toda restricción que comprometa el ejercicio de la libertad de expresión amparada por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que a ella se integran.