La Fundación LED( Libertad de Expresión + Democracia), exige el cumplimiento del Decreto 297 art 6.9 que dispone la libertad de desplazamiento para los periodistas, trabajadores de prensa y de medios audiovisuales en todo el territorio nacional, así como el respeto por las garantías previstas en el art. 14 CN, 32 y 75 de la Constitución Nacional.
Desde LED hemos formulado durante las últimas semanas denuncias sobre la vulneración de los Derechos Humanos en la provincia de Formosa y los hechos lamentables en relación al confinamiento de ciudadanos en centros de aislamiento obligatorio sin las mínimas condiciones de salubridad y en situaciones de hacinamiento. También hemos repudiado las medidas del Ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González anunció, el 25 de enero pasado, para que las preguntas de los periodistas deban formularse por mail, ratificando la prohibición de entrada de periodistas de medios nacionales o de otras provincias al territorio formoseño.
Este desprecio por la vigencia de los derechos humanos y las garantías constitucionales, se verifica desde larga data bajo el gobierno del Gobernador Gildo Insfrán, y han sido numerosos los casos relevados en nuestros informes anuales “Limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión en Argentina” de periodistas hostigados, agredidos y amenazados en la provincia desde hace más de una década. Por citar el último, el caso del periodista Fernandez Acosta, que tomo estado público el 19 de enero pasado, pero que fue agredido en numerosas ocasiones desde el año 2015.
La Fundación LED, ratificando la necesidad de exigir el cumplimiento de los derechos humanos y la libertad de expresión en todo el territorio argentino, solicita al gobierno nacional la disposición de medidas tendientes a garantizar el trabajo de los periodistas en todo el territorio nacional.
La prohibición de ingreso de la periodista Inés Beato Vassolo, quien denuncia en un artículo publicado hoy en el diario La Nación las restricciones de ingreso que le fueron impuestas en los puestos fronterizos de Mansilla y El Colorado de la citada provincia. Este hecho genera mayor preocupación y repudio no solo por el impedimento con el que la periodista se enfrentó para llevar adelante su tarea informativa, contraviniendo todas las garantías constitucionales vigentes, “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa” Art. 5 de la Declaración de Chapultepec” sino por la limitación que se le impone a todos los ciudadanos de conocer la información sin cortapisas y por cualquier medio que elija, tal como señala el art. 13.1 del Pacto de San José de Costa Rica “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”
La periodista relata el trato recibido y la exigencia de solicitar autorización al Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 que demoraría dos o tres días en expedirse, o la imposición de realizar cuarentena de 15 días obligatoria en los centros de aislamiento provinciales en caso de que el Consejo autorizara su ingreso al territorio provincial. La cronista también da a conocer llamados telefónicos y pedidos formales tanto a las autoridades formoseñas como al Secretario de Derechos Humanos de la Nación. En todo momento, según manifiesta, presentó las solicitudes que fueron denegadas contando con hisopados negativos y con los permisos nacionales asignados a los trabajadores esenciales, como lo dispone el decreto presidencial, ratificado por el Congreso de la Nación, Dec 297/20.

Por esta situación, que agrava el cuadro descripto con anterioridad por nuestra Fundación sobre la vulneración de los derechos humanos y las libertades individuales, en particular de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente en la provincia de Formosa, solicitaremos intervención a los organismos internacionales cuya función es el monitoreo de la libertad de expresión dentro del sistema de protección de los derechos humanos, como la Relatoría Permanente para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Relatoría de libertad de Expresión de las Naciones Unidas a fin de alertar sobre las restricciones que el ejercicio de estos derechos sufre dentro de nuestro territorio.