La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su profunda preocupación por la solicitud del Senador Nacional Oscar Parrilli, de incluir en el proyecto de reforma judicial la figura de “poder mediático” como un posible factor de influencia ilegítima sobre la justicia, con la consecuente penalización del mismo.

Durante el debate en comisión del proyecto de reforma al sistema judicial que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores, el Senador Parrilli manifestó que cuando el proyecto habla de “cualquier intento de influencia” sobre la justicia, “es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos”, refiriéndose a los medios de comunicación como organizaciones destinadas a presionar a los distintos estamentos judiciales.

La incorporación de este tipo de figuras penales en un proyecto de reforma judicial es claramente contraria a lo establecido en el marco interamericano de Derechos Humanos y replica conceptos aplicados por regímenes autoritarios que intentan silenciar a los medios de comunicación mediante la criminalización de la opinión y la labor periodística. Vale aquí recordar que en la llamada Ley Mordaza de Ecuador se incorporó la figura de “fusilamiento mediático” como herramienta para impedir que los medios informaran u opinaran respecto de los funcionarios públicos que debían rendir cuentas ante la justicia.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.” Por lo tanto intentar equiparar a los medios de comunicación con organizaciones destinadas a influir o presionar a la justicia implica una clara limitación el ejercicio de estos derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.

LED seguirá con atención el debate legislativo de este proyecto y reitera la importancia que tienen el ejercicio sin obstáculos de la labor periodística y el acceso a la información por parte de los ciudadanos como requisitos indispensables para el desarrollo de una democracia republicana.