La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su repudio al asesinato del periodista paraguayo Pablo Medina, presuntamente perpetrado por sicarios a las ordenes de narcotraficantes.
Es alarmante el incremento de episodios en los cuales los trabajadores de prensa son agredidos, secuestrados o asesinados por informar sobre el accionar de los cárteles de narcotráfico que operan en toda América.
Tal vez los casos más difundidos sean los sucedidos en México, donde la reciente muerte de María del Rosario Fuentes Rubio ha consternado a sus colegas y a toda la sociedad azteca. Sin embargo es difícil encontrar un país de la región en el cual no existan casos de periodistas víctimas de bandas de narcotraficantes.
Reiteramos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos estipula que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”
LED reporta y advierte de manera permanente sobre estos hechos, sin embargo el homicidio de Pablo Medina debe ser tenido en especial consideración.
Este crimen ha tenido lugar en el ámbito del Mercosur, en un país hermano, limítrofe y con el cual mantenemos fluidas relaciones comerciales, sociales y políticas. Estas circunstancias nos obligan a reflexionar sobre la cercanía de los riesgos a los que nos enfrentamos.
En particular, los datos que se han obtenido en la investigación indican que el homicidio de Pablo Medina se vincula a sus denuncias sobre el tráfico de drogas entre Paraguay y Brasil. Es redundante recordar que la triple frontera que nos une a esas dos naciones está desde hace muchos años bajo sospecha por distintas actividades ilícitas.
La Argentina no es ajena al accionar de sicarios al servicio de redes de narcotraficantes. Tampoco a los ataques a periodistas o medios de comunicación por parte de organizaciones delictivas. Es imperioso que el estado asuma las responsabilidades indelegables que le competen, a fin de garantizar que los trabajadores de prensa puedan continuar ejerciendo su labor sin restricciones.
El rol del periodismo debe ser protegido no solo porque es un imperativo constitucional, sino porque además constituye una de las herramientas más efectivas para luchar contra quienes se mueven por fuera de la ley.
El miedo y el silencio son las armas con las cuales la ilegalidad produce sus mayores daños, el rol del la prensa es impedir que este estado de temor se imponga, exponiendo ante la sociedad a quienes la atacan.
La Fundación LED continuará trabajando para difundir y proteger la libertad de expresión y de prensa en la Argentina y en la Región. Expresamos nuestra solidaridad y pesar a las familias y los colegas de Pablo Medina y María del Rosario Fuentes Rubio y comprometemos nuestro esfuerzo para que estos lamentables sucesos no se repitan en nuestras sociedades.
18/10/2014