La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la utilización discrecional de los recursos de destinados a la pauta publicitaria oficial como mecanismo de presión sobre los medios. En particular nos hemos referido a los incumplimientos de medidas judiciales que beneficiaban a la Editorial Perfil y al Diario Rio Negro reconociendo que habían sido perjudicados en el reparto de este recurso fundamental para la subsistencia de los medios independientes.
En ese sentido vemos con satisfacción el fallo de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que en el marco de un proceso de Amparo iniciado por ARTEAR (Canal 13), resolvió que esta había recibido un trato discriminatorio por la injustificada reducción en la asignación de publicidad oficial por parte del Gobierno lo cual configura una arbitrariedad la actitud del Gobierno. Ello con fundamento en los fallos de la Corte Suprema de justicia de la Nación los casos de Editorial Rio Negro (2006) y Editorial Perfil (2009) donde estableció que si el Estado decide conferir pauta oficial a los medios debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: no puede manipular la publicidad, dando o retirándola a algunos medios sobre la base de criterios discriminatorios , y no puede utilizar la publicidad oficial como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión.
En el mismo fallo, la Cámara ordenó al Jefe de Gabinete de Ministros que elabore un esquema de distribución de la publicidad oficial que comprenda de forma no discriminatoria a todos los canales de aire, establezca pautas de proporcionalidad y equidad, garantice un equilibrio razonable entre las emisoras análogas y permita un adecuado control judicial sobre la ilegalidad de los criterios estatales utilizados en la asignación de los fondos públicos, otorgándole para ello un plazo de 30 días.
La Fundación LED invita a todas las organizaciones de la sociedad civil a seguir trabajando para que se sancione en forma definitiva una ley que regule la distribución de pauta publicitaria oficial, respetando los criterios establecidos por nuestra Justicia.