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Repudio por las amenazas de muerte al periodista Juan Ángel Espinoza de General Mosconi, provincia de Salta – Fundación Led
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Repudio por las amenazas de muerte al periodista Juan Ángel Espinoza de General Mosconi, provincia de Salta

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa su repudio ante las amenazas de muerte sufridas por el periodista Juan Ángel Espinoza de FM Mosconi y del canal de cable local, en General Mosconi, provincia de  Salta.

El hecho se dio a conocer en el día de hoy, 24 de octubre de 2016. Según informó el propio periodista, fue amenazado de muerte por dos sujetos quienes circulaban a bordo de una motocicleta,  en la localidad de Tartagal.

Juan Ángel Espinoza precisó que lo intimidaron diciendo “que deje de hablar de nosotros, que la próxima vez  que diga algo es boleta” y vinculó las amenazas a la publicación de un informe en el cual daba a conocer el modus operandi de prestamistas de nacionalidad colombiana en el norte de la provincia de Salta.

Hechos como éste atentan, sin lugar a dudas, contra el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que a ella se integran.

Es importante recordar que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA establece taxativamente que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.

En ese sentido, la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos  ha sido clara al señalar que el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.

La Fundación LED reafirma la necesidad de proteger el trabajo de la prensa como condición indispensable para la convivencia democrática, insistiendo en que desde todas las instancias involucradas se deben brindar las garantías necesarias para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.