«La ley de medios contiene limitaciones a la libertad de expresión y al uso del espectro que no aparecen en ninguna de las otras leyes de América latina. Ni siquiera en la ley de Venezuela que hizo sancionar Hugo Chávez», dijo Silvana Giudici, titular de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED).
Giudici, ex diputada radical, fue presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Ayer condujo el seminario «Ley de medios. ¿Más o menos voces?», una jornada de reflexión y discusión sobre aspectos legales y técnicos de la norma organizada por LED. Participaron legisladores, dirigentes opositores, constitucionalistas y expertos en medios.
El senador radical Mario Cimadevilla afirmó: «Resulta paradójico que el Gobierno diga que impulsa la ley de medios para tener más voces cuando el kirchnerismo, en realidad, nunca promovió el pluralismo, sino un discurso hegemónico».
También desde el arco político criticaron duramente la ley los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Gerardo Milman (GEN) y Gabriela Michetti (Pro).
Bullrich afirmó: «La ley de medios no puede ser mejorada, porque está mal hecha. El Gobierno la sancionó de mala fe, para asegurar su posición de privilegio en materia de comunicación y, por eso, la ley parte de considerar que la gente puede ser manipulada. Directamente hay que derogarla, para generar un espacio democrático amplio y dictar otro marco regulatorio».
Milman, que coincidió con ese postulado, explicó: «Esa ley es parte de un esquema más general, al que hay que sumarle la manipulación del Indec, el manejo de la publicidad oficial, las mentiras del presupuesto nacional y los escraches a periodistas». Y, por su parte, Michetti evaluó que «el intento del Gobierno de manipular el relato fracasó, porque ahora pierde las elecciones».
Pero fue otro panel, el integrado por especialistas, el que formuló las críticas más agudas contra la ley sancionada en 2009.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez afirmó: «La audiencia realizada por la Corte Suprema sirvió para derribar varios mitos que había instalado el Gobierno. Por ejemplo, quedó claro que el Grupo Clarín no es monopólico, porque sus medios compiten con miles de otros canales, radios, señales, TV digital y cables en todo el país. Y los abogados del Gobierno nunca lo rebatieron».
Diego Petracola, economista especializado en Defensa de la Competencia, dijo que «si lo que busca la ley es suponer que Clarín es un monopolio y hay que desmonopolizar, el Congreso se equivocó por partida doble. En primer lugar, porque debería aplicarse la ley general sobre defensa de la competencia, que rige para todas las industrias y que es una buena ley. No había que dictar una ley especial. Y, en segundo lugar, porque la ley de medios es una muy mala ley, que no se ajusta a parámetros internacionales sobre defensa de la competencia».
«Por ejemplo, una empresa puede llegar al 70% de la población y eso no significa que exista un abuso de posición dominante si, al mismo tiempo, pueden entrar todos los competidores que lo deseen. En cambio, la ley de medios fija un umbral fijo, del 35%, pero en las leyes extranjeras no existen umbrales fijos».
El constitucionalista Félix Loñ destacó: «La ley buscó colocar al Grupo Clarín en una situación de desventaja frente a DirecTV».
Pero el más categórico fue Henoch Aguiar, ex titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia: «La ley es estéril, regula una realidad que ya cambió. Prometió transparencia, pero el Gobierno nunca difundió los resultados del censo de medios. Tampoco dictó nunca el Plan Técnico de Radiodifusión. Y ni siquiera la Afsca respeta la norma. Por ejemplo, la ley dice que un medio no puede llegar a más del 35 por ciento del país, pero el Gobierno admite que los canales de TV digital llegan al 89%».