La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por las amenazas que recibiera la periodista Camila Dolabjian quien lleva a delante una investigación periodística sobre fentanilo contaminado.
En el marco de una causa en la cual se inviestigan al menos 106 muertes relacionadas a la utilización de lotes de fentanilo contaminado en distintas instituciones sanitarias del país, la mencionada periodista denunció haber recibido mensajes intimidantes por parte del dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, quien es investigado como un de los principales responsables de este hecho por la justicia.
La periodista reveló en sus informes distintas irregularidades que se daban en el funcionamiento del laboratorio implicado y como respuesta a ello recibió mensajes en los cuales el empresario le señalaría que era objeto de un seguimiento con fines no determinados.
Este tipo de amenazas e intimidaciones constituyen una clara limitación al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa y al derecho al acceso a la información por parte de los ciudadanos, consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al establecer que la “amenaza a los comunicadores sociales (…) tiene dos objetivos concretos. Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de éstas. Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan tareas de investigación sobre irregularidades en la gestión pública. Esta práctica busca que la prensa como mecanismo de control, guarde silencio o se haga cómplice de aquellas personas o instituciones que realizan actos o hechos abusivos o ilegales. En última instancia, lo que se busca es impedir a toda costa que la sociedad sea informada de estos acontecimientos.”
LED se solidariza con la periodista afectada, dará seguimiento al caso y continuará trabajando para que la labor de la prensa de investigación continúe vigorizando el debate público y sea una herramienta de la sociedad para mejorar la calidad de nuestra democracia.