La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de cerrar el acceso a periodistas a la Casa Rosada lo que les impide cumplir sus tareas el día 20/12/2022.
En un hecho sin precedentes, luego de más de 39 años de democracia en la República Argentina, los periodistas acreditados en la Casa Rosada no podrán ingresar a sus estaciones de trabajo para cubrir la información oficial, situación que obstaculiza el acceso a la información pública en un día muy significativo, donde la ciudadanía espera recibir a la selección nacional luego de ganar el campeonato mundial.
El Gobierno Nacional, al decidir por decreto la imposición de un feriado, genera un hecho comunicable en sí mismo que no recibe respuestas a interrogantes de la prensa sobre los pormenores del operativo para la recepción de los jugadores. Al decidir cerrar la sala de periodistas, la tarea de los medios y sus periodistas acreditados, generó durante todo el día dificultades para la información. Sin información oficial, comunicados de prensa o conferencia de prensa y con la sala de periodistas cerrada, las noticias oficiales no fueron dadas a conocer por fuente oficial y la confusión sobre el recorrido y detalles de la movilización de las fuerzas de seguridad quedó evidenciada.
La decisión del gobierno no solo afecta la libertad de prensa de los periodistas acreditados, sino que afecta la libertad de expresión en la modalidad acceso a la información de la ciudadanía toda que se ve impedida de conocer lo que ocurre en Casa de Gobierno.
Debe destacarse que es la primera vez que sucede una situación como la denunciada en la que se cierra la sala de periodistas pues siempre la prensa acreditada pudo ingresar a la Casa de Gobierno aun durante el levantamiento carapintada ocurrido en la Semana Santa de 1990, oportunidad en la que los acreditados se turnaban para ingresar y cumplir sus tareas.
Este tipo de decisiones, especialmente proviniendo del Gobierno Nacional, constituye no solamente un mal ejemplo de ejercicio del poder, sino también una severa limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y al derecho al acceso a la información, consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.” En este sentido la Corte Interamericana he enfatizado que “El funcionamiento de la democracia exige el mayor nivel posible de discusión pública sobre el funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos de interés público. En un sistema democrático y pluralista, las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso, no sólo por los órganos internos de control, sino también por la prensa y la opinión pública. La gestión pública y los asuntos de interés común deben ser objeto de control por la sociedad en su conjunto. El control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de participación ciudadana. (Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 57 y 87)
Es claro entonces que la actitud del Gobierno Nacional impidiendo que periodistas y medios puedan ingresar a Casa de Gobierno a prestar sus tareas en informar a la población acerca de hechos de trascendencia pública como son todos los que ocurren en el Gobierno, va en contra de los estándares interamericanos a los que nuestro país adhiere.
La Fundación LED dará seguimiento a este caso y continuará con su labor para que todos, y en especial los funcionarios públicos comprendan el rol fundamental que desempeña la prensa en una sociedad democrática y para que los ciudadanos ejerzan de manera plena su derecho a acceder a la información como una herramienta de fortalecimiento de nuestro sistema institucional.