La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la proliferación de iniciativas en distintos ámbitos del estado, tendientes a regular y sancionar supuestas noticias maliciosas (“fake news”) y el denominado discurso de odio, como respuesta a los hechos de violencia recientemente acaecidos en nuestro país.
Si bien han sido luego desestimadas por la vocera de la Presidencia de la Nación, en el contexto del ataque sufrido por la Vicepresidenta de la Nación que es de dominio público, desde distintos organismos estatales e impulsadas por funcionarios del gobierno han comenzado a surgir iniciativas que bajo el pretexto de que lo sucedido es consecuencia de las declaraciones de opositores y de la línea editorial de algunos medios, pretenden regular y sancionar los discursos de odio y las noticias maliciosas, lo que claramente puede transformarse en herramientas para censurar las voces disidentes y disciplinar a los medios que cuestionan al poder.
Es primordial aclarar que LED repudia cualquier tipo de violencia, de cualquier forma y de cualquier origen, en consecuencia lo sucedido con la Vicepresidenta de la Nación resulta inadmisible en una sociedad democrática y las instituciones del estado deben llevar adelante una investigación veloz, contundente e incuestionable a fin de que toda la sociedad conozca los hechos y los responsables reciban la correspondiente sanción.
Por otra parte y como ya lo ha hecho en numerosas oportunidades la Fundación reitera que las “fake news” y los discursos de odio son un limitante serio para el desarrollo de un debate público robusto, y en consecuencia esta problemática debe ser abordada de manera seria y resuelta por todos los actores involucrados. Al mismo tiempo volvemos a manifestar que no corresponde a organismos del gobierno establecer que contenidos pueden ser calificados como fake news o discursos de odio, y que el tratamiento de estos conflictos debe darse en el marco del más estricto cumplimiento de los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
En los últimos días se produjeron declaraciones de la Defensora del Público de la Nación, Miram Lewin, atribuyendo la responsabilidad del ataque a la Vicepresidente al supuesto discurso de odio difundido por algunos medios de comunicación, y de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, convocando a elaborar una norma legislativa que pretenden tenga tratamiento en las próximas semanas. En declaraciones a la prensa Donda dijo que “urge como sociedad tener una herramienta legal que sancione construcciones discursivas”. Por su parte la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA) expresó que “ya no se pueden permitir los discursos de odio, las mentiras, las fake news, la descalificación. Hay que poner un punto final a aquellos que se llaman periodistas y son operadores; que lo que hacen es sembrar ese odio, trabajar sobre los sentimientos negativos de una población que escucha todo el tiempo mentiras..”
Estas potenciales iniciativas se suman a un número relevante de proyectos que se encuentran en estudio en comisiones del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, en distintas legislaturas provinciales y en concejos deliberantes, todos los cuales intentan por distintas vías poner límites a la diseminación de mensajes de odio y noticias maliciosas.
Mediante una Declaración Conjunta de sus Relatores Especiales para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) han establecido que “los estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad de expresión de conformidad con el test previsto en el derecho internacional para tales restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley” y que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» («fake news») o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión.”
Reiterando un vez más que el tratamiento de estos temas es urgente y de gran importancia, debemos destacar que las iniciativas hasta aquí conocidas chocan frontalmente con la jurisprudencia argentina vigente y con el marco interamericano de Derechos Humanos al que nuestro país adhiere, implicando su eventual aprobación en un retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y el derecho al acceso a la información de los ciudadanos.
LED dará seguimiento a estas iniciativas, alerta que un debate parlamentario presuroso, en un contexto como el actual, limita severamente la posibilidad de un abordaje profundo y multidisciplinario como el que merece este tema y pondrá en conocimiento de las mismas a las Relatorías Especiales de la CIDH y de la ONU, y evaluará junto a otras organizaciones afines las acciones a seguir en caso de que se verifiquen las lesiones al ejercicio de estos derechos elementales como consecuencia del accionar del Estado.