La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia expresa su preocupación por el formulario que se distribuye en las delegaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos donde se le solicita al público responder un cuestionario de veintitrés preguntas dentro de una encuesta sobre los medios de comunicación de preferencia pública. El 16 de julio, en la declaración denominada «Sanciones por opinar distinto», la Fundación LED expresó su preocupación por la utilización del poder coercitivo del Estado para acallar voces críticas.
Las palabras de la Presidente de la Nación, quien en su discurso del día 7 de septiembre ha expresado que habría que temerle a ella misma; los dichos del viceministro de Economía, amenazando a un empresario en respuesta a las declaraciones del mismo; y los hechos reconocidos públicamente por la Presidente de la Nación utilizando a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a otras agencias del Gobierno para investigar a ciudadanos que se manifiestan disconformes con algunas medidas de su gestión, restringen gravemente la vigencia plena de los derechos reconocidos en nuestra Constitución.
El avance de un Estado policial que intenta mantener un estricto control sobre la sociedad, y sancionar las opiniones que resultan diversas al gobierno se contradice con los principios de un Estado de derecho enunciado en la Constitución Nacional de nuestro país, así como en los diferentes tratados que la integran.
La libertad de expresión se encuentra cercenada cuando las expresiones disidentes con las del gobierno nacional son perseguidas mediante el establecimiento de mecanismos de vigilancia e información. El desarrollo del aparato represivo como una «espada de Damocles» que pende sobre las opiniones contrarias al pensamiento de la presidente de la Nación y sus funcionarios, establece un mecanismo de temor que afecta gravemente la libertad de expresión de todos los ciudadanos en nuestro país.