La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta preocupación respecto de la manda judicial dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Gallegos, mediante la cual se ordena el “secuestro” de material gráfico respecto de los sucesos ocurridos frente al edificio de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.
Conforme fuera informado por diversos medios de comunicación, la jueza Dra. María Quintana dictó una resolución que ordenaba a las autoridades policiales a “secuestrar” “toda la documentación gráfica, material sin procesar (fotos y videos) que estén relacionados con “los hechos acaecidos el día 23 de junio de 2016 en el Edificio de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, tanto en la parte externa como interna”.
En dicha orden, también se manda a constituirse en el “Diario Prensa Libre”, sito en Perito Moreno Nº 218 de Río Gallegos, con los mismos fines.
En virtud de ello, el martes 5 de julio se presentaron agentes policiales en el domicilio de las oficinas de Los Dos Multimedios S.A, sito en Pje. Manuel Molina Nº 668 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, a fin de obtener el material periodístico recabado por estos medios y relacionados con los incidentes acaecidos en repudio al endeudamiento que solicitaba la gobernadora a los legisladores provinciales.
Sin obtener resistencia por parte de los empleados del diario procedieron a cargar archivos digitales en un pendrive, y dado que en el mismo edificio funciona FM News, también obtuvieron audios de la emisora, esto último, sin que hubiera orden judicial de por medio.
Esta situación afecta la libertad de expresión y expone a los periodistas que desarrollaron su labor cubriendo los episodios detallados a la vulneración de sus derechos. La preservación de las fuentes periodísticas es un derecho y el proceso judicial afectó ese derecho al recoger la información de los servidores de modo intempestivo.
Desde la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) volvemos a señalar que la libertad de expresión, el respeto hacia la labor periodística y las garantías que deben brindarse para la preservación de sus fuentes no deben vulnerarse a través de procedimientos judiciales que no se ajusten estrictamente al cumplimiento de los derechos constitucionales.