La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por la intención del Intendente de La Quiaca de promover una ley que regule lo que califica como “fake news” como consecuencia de una investigación periodística que lo involucra.
El día lunes 18 de julio pasado, Blas Gallardo, Intendente de La Quiaca Provincia de Jujuy, en su cuenta de Twitter dijo que el portal de noticias “QuePasaJujuy” eran ellos mismos una “fake news” y que promueven mediocres operaciones políticas digitadas desde algún escritorio del poder.
A continuación publicó un segundo tweet señalando que era fundamental avanzar con legislación que cuide a los ciudadanos de la desinformación y la manipulación de las noticias con fines injuriosos y comerciales.
Previamente, el portal digital www.quepasajujuy.com.ar había publicado diversas noticias informando sobre distintos pedidos de informes que habían sido presentados por los concejales y que no habían sido contestados por el Intendente, sobre todo uno vinculado a organizaciones sociales que cobrarían un peaje en La Quiaca y que el pago se efectuaría en moneda extranjera.
Este tipo de acciones, en especial proviniendo de un funcionario público que debe estar más expuesto a las críticas de ciudadanos y de periodistas, constituyen una severa limitación al ejercicio de la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información por parte de los ciudadanos, contemplados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran y tiene como resultado la auto censura.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece con claridad que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” y que “condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.”
LED se ha fijado su posición respecto del riesgo que implican para el debate público las noticias maliciosas (fake news), y sobre la necesidad de abordar esta problemática de manera seria y decidida. Sin embargo al mismo tiempo se ha manifestado claramente que bajo ninguna circunstancia puede ser un funcionario o un área del gobierno la que determine que noticias son verdaderas y cuales pueden tener contenidos maliciosos.
La Organización de los Estados Americanos y la Organización de la Naciones Unidas, mediante una Declaración Conjunta de sus Relatores Especiales en el año 2017, establecieron que “los estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad de expresión de conformidad con el test previsto en el derecho internacional para tales restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley” y que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» («fake news») o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión.”
En consecuencia resulta claro que aceptar este tipo de proyectos impulsados por funcionarios públicos van en contra de los principios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y en el cuerpo normativo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pone en serio riesgo el ejercicio de estas garantías fundamentales para la plena vigencia de la democracia.