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Presiones indebidas al Poder Judicial.

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación ante las expresiones vertidas por el Ministro de Justicia de la Nación, y la actitud del gobierno nacional presionando los distintos estamentos de la Justicia de la Nación.

En su fallo del 27 de noviembre, en la causa iniciada por el Grupo Clarín que denunciaba la privación de justicia, la Corte Suprema de Justicia, estableció la interpretación restrictiva de cualquier incidente en función de la rápida finalización del juicio. Asimismo instó al juez para exigir a las partes y terceros el cumplimiento estricto del deber de buena fe procesal, adoptando las medidas necesarias para prevenir conductas obstruccionistas.

Por su parte el criterio fue refrendado por la Sala Civil y Comercial Nº 1, en su fallo del día 3 de diciembre, donde se rechazaron las recusaciones presentadas contra los jueces en la denominada causa «Clarin» por el gobierno nacional, quien además expresó que el instituto de la recusación es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos para casos extraordinarios.

Sin embargo, las expresiones vertidas por el Ministro de Justicia de la Nación, en cuanto a que en la Cámara Civil y Comercial «se está violando la garantía constitucional de independencia e imparcialidad de los jueces». y que si la misma decide extender la medida cautelar por la Ley de Medios a favor del Grupo Clarín «sería un alzamiento contra una ley de la Nación, contra una determinación de la Corte Suprema y generaría un conflicto de poderes», se contradicen con el espíritu de la Constitución Nacional en cuanto a la división y equilibrio de los órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo, expresando una vocación autoritaria por parte del funcionario en cuanto al desarrollo normal de una República.

Las recusaciones presentadas a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, horas después del rechazo de las recusaciones presentadas por el gobierno nacional, son una clara señal que desafía el fallo de la Corte que instaba a las partes a mantener la buena fe procesal.

El Estado de derecho en una República, no puede admitir presiones por parte de uno de los órganos del Estado, mediante amenazas o procedimientos que distan de valores democráticos, con el fin de mantener un relato acorde a las necesidades de un gobierno de turno.

La Fundación LED que viene advirtiendo sobre el crecimiento de conflictividad social, muchas veces fomentado por el propio Estado Nacional, así como las prácticas que utilizan al Estado como un propalador partidario, realiza un llamado a la reflexión a aquellos que tienen a su cargo el desarrollo de las políticas públicas, y adoptar conductas acordes a un sistema democrático, abandonando prácticas autoritarias que degradan las instituciones de nuestro país.