La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta rechazo por expresiones hacia la periodista editora de Política del diario Perfil y Perfil.com, Rosario Ayerdi a través de la red social Twitter.
El pasado 29 de junio, la periodista y editora Rosario Ayerdí publicó una foto del diputado Fernando Iglesias en la cual se lo veía en el recinto de la Cámara de diputados del Congreso Nacional con el barbijo bajo expresando “Sesión del jueves. Sentado, el diputado con coronavirus julio Sahad sin barbijo. Adelante el diputado Iglesias con el barbijo en la pera…”. En respuesta a ello, Fernando Iglesias comentó “¿Vos sos periodista? Bueno, informate. La instrucción que recibimos del servicio médico es que no es necesario usarlo en las bancas. Ah! Sos de #EditorialServil! Con razón!”, luego publicó un segundo posteo, con varias fotos del presidente de la Nación en actos públicos sin cumplir la distancia obligatoria, expresando: “Acá te paso otras (fotos) para que publiques. A ver si te animás con el poder”.
Tal como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados pronunciamientos, las autoridades públicas deben mantener especial diligencia en sus expresiones y más aún cuando las mismas se dirigen hacia periodistas puesto que se corre el riesgo de colocarlos en una posición de mayor vulnerabilidad relativa.
En ese sentido, en el Caso ”Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009” expresó que “En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones , y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.
LED vuelve a sostener que el ejercicio del periodismo independiente es un requisito indispensable para la plena vigencia del estado de derecho. Seguirá con atención la evolución de este caso y continuará difundiendo y defendiendo estos principios que son piedras fundamentales de nuestro sistema democrático.