La Fundación LED sostiene como principio indispensable para garantizar el derecho a la libertad de prensa y de expresión que el Estado en todos sus niveles distribuya en forma equitativa los recursos públicos destinados a la pauta publicitaria oficial.
En ese sentido resulta particularmente satisfactorio el fallo de la Sala IV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que ordena al Gobierno Nacional otorgar a la editorial Perfil publicidad oficial respetando “pautas de proporcionalidad y equidad”.
Este fallo de la Justicia, que debe ser cumplido sin más dilaciones, confirma que la utilización de los recursos del Estado como herramienta de premio o castigo a las líneas editoriales de los medios constituye un avasallamiento de los derechos contemplados en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país, como ha sostenido en numerosas ocasiones la Fundación.
No deja lugar a dudas sobre esta cuestión el punto 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA al establecer que: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido la obligación del Estado de otorgar pauta oficial a la editorial afectada en un fallo de marzo del año 2011, a pesar de ello ha sido necesaria una nueva intervención de la justicia y el establecimiento de multas para intentar que se cumpla la decisión de los tribunales.
Como sostiene permanentemente la Fundación LED, es obligación de todos los ciudadanos y particularmente del Gobierno cumplir con los fallos de la Justicia. Es clara la Cámara en este sentido al establecer que las disposiciones judiciales “no pueden graciosamente desconocerse, so pena de transgredir y afectar en forma grave la sustancia misma de nuestra Nación, como es la efectiva vigencia del Estado de derecho”.
La Fundación LED alienta al Estado Nacional a aprovechar esta nueva circunstancia y cumplir no solo con las medidas puntales a las que lo obliga el fallo sino a ampliar los criterios de equidad establecidos por la Corte a todos los medios a fin de dar cumplimiento a los derechos básicos vigentes en nuestra Nación.
Como siempre, la Fundación continuará con su labor de monitoreo de la distribución de los recursos públicos que puedan afectar la libertad de expresión e invita a toda la sociedad a incrementar los esfuerzos tendientes a garantizar funcionamiento pleno de nuestra democracia.